Hacia fines de abril, el Instituto del Conurbano, que depende de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), llevó a cabo un relevamiento en barrios populares del área metropolitana para conocer los diversos impactos que provocó el aislamiento obligatorio en esas primeras semanas. Para eso se realizaron entrevistas a referentes barriales de 20 de los 24 partidos del Conurbano Bonaerense y en otros municipios como Escobar, Pilar, General Rodríguez, Luján, Zárate, La Plata y San Vicente.

El trabajo abordó diferentes ejes: cumplimiento de las medidas de aislamiento social; percepción de los principales problemas surgidos o agravados en los barrios durante la segunda etapa de la cuarentena; trabajo y generación de ingresos en los hogares y en las unidades de la economía popular, social y solidaria;  estrategias de los hogares para hacer frente al impacto económico, entre otros. 

Se sumaron tres problemáticas. La primera de ellas relacionada con la violencia de género intrafamiliar; una segunda sobre las restricciones en la prestación de salud; y finalmente relaciones con las fuerzas de seguridad a cargo del control del cumplimiento de la cuarentena en el territorio. Fue un segundo abordaje por parte del mismo equipo académico, luego de una medición inicial formulada a comienzo de la cuarentena.

“No fue una encuesta, sino preguntas abiertas, con un perfil más de entrevistas. Lo que hicimos fue identificar referentes barriales para describir lo que estaba pasando en los barrios. En algunos casos asentamientos y villas, y en otros no. Hubo una indagación general sobre los problemas que se habían profundizado o surgido en el marco de la cuarentena. Y después teníamos algunas preguntas que apuntaban a esos problemas”, explicó Gonzalo Vázquez, docente de la UNGS y vecino de Luján.  

Muchos de los puntos de análisis sufrieron modificaciones en las semanas siguientes, especialmente por una cuarentena más flexible. Hacia comienzos de mayo, la percepción sobre el cumplimiento del aislamiento arrojó un alto nivel de acatamiento en las percepciones del 45% de los entrevistados. Otro 40% consideraba un nivel parcial y menos del 15 marcó un bajo cumplimiento. En cuanto a las razones de las dos últimas situaciones se indicó “familias que permanecen fuera de las viviendas porque las condiciones de las mismas no permiten el cumplimiento del aislamiento en su interior”; “la necesidad de movilizarse con asiduidad para buscar asistencia alimentaria y para compras de alimentos en pequeña escala; “movimientos vinculados con el cobro de transferencias de ingresos sociales y otros trámites”; y el aumento de las actividades económicos exceptuadas.

Respecto al agravamiento de problemáticas previas a la pandemia, el trabajo expone la “discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, jerarquizado en el 40% de las entrevistas” y “la dificultad de acceso a la alimentación básica, jerarquizado espontáneamente en un 30% de las entrevistas”. Lo mismo ocurrió con la violencia de género al interior de los hogares.

En cuanto al efecto económico, la investigación agrega el contexto previo al aislamiento obligatorio. En ese sentido, se destaca que “al inicio de la pandemia, el 52,2% de la fuerza de trabajo activa del Conurbano Bonaerense en su conjunto estaba desocupada, era cuentrapropista de calificaciones bajas o medias o era asalariada precaria, situaciones todas que se habían agravado en los años inmediatamente anteriores”. La heterogeneidad del Conurbano supone, además, “que en los barrios periféricos en los que hacemos este registro, este porcentaje global se eleve entre 6 y 7 puntos”.

En este segundo relevamiento, a diferencia del realizado en marzo, “se destaca que más de la tercera parte de los referentes territoriales da cuenta de problemas laborales surgidos también para el segmento de formales que la habitan (despidos, suspensiones sin goce de sueldo y recortes o suspensión de salarios)”.

“Respecto a la situación de ingresos, nuestro análisis es que efectivamente lo que se preveía como un problema se confirmó en el sentido de que muchísimas familias vieron caer sus ingresos drásticamente. Muchos plantean que quedaron con cero ingresos. Gente cuentapropistas o de changas. Sobre todo en el primer mes. En las semanas siguientes al relevamiento probablemente haya empezado a modificarse un poco porque algunas familias habían comenzado a salir a trabajar, ya sea porque no podían aguantar más sin generar ingresos o porque se dedican a actividades que fueron exceptuadas. Por eso hoy tenemos una situación algo diferente”, explicó Vázquez.

Respecto a la mencionada situación del trabajo formal, el docente indicó que “registramos que a pesar de la prohibición de despidos, muchas personas nos hablaron de despidos o suspensiones sin cobrar la totalidad de su salario”.

Entre los puntos consultados aparece también las necesidades alimentarias: “Hubo un aumento muy grande de la demanda en los barrios, sobre todo hacia espacios ya existentes y que ahora vieron aumentado entre tres y seis veces la cantidad de gente que pasaron a asistir. En muchos casos se amplió la cantidad de días que daban asistencia alimentaria. Y en algunos barrios se abrieron nuevos espacios. En general se nota que hay más asistencia por parte del Estado pero al mismo tiempo no alcanzaba para cubrir todo el aumento de la demanda”, comentó.

Consultado por este medio sobre la decisión de incluir a Luján en el relevamiento, Vázquez destacó que “los barrios populares de Luján tienen las mismas o peores condiciones que muchos barrios populares del resto de la región metropolitana, incluyendo el Conurbano más estricto. Para nuestra investigación sobre cómo se está atravesando esta situación en los barrios populares del Gran Buenos Aires, claramente Luján tiene que estar incluido”.