Aceptaron la renuncia al camarista Pereyra González

Su retiro desactiva el pedido de Jury y otra denuncia en su contra por una joven desaparecida en San Luis. Ahora, la Cámara Federal queda con un solo miembro para tratar las causas por delitos de lesa humanidad.
El jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto 537/2009 por el cual se aceptó y oficializó la renuncia al cargo de juez de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a Carlos Martín Pereyra González.

Con esto se lo habilita para jubilarse (trámite que ya había iniciado hace tiempo) a partir del pasado 1 de mayo, pero además hace caer un pedido de Jury, hecho por los organismos de los derechos humanos en Mendoza, con relación a sus fallos (con la firma también de sus pares Julio Petra y Alfredo López Cuitiño) por los que se otorgaba la excarcelación a miembros de las Fuerzas Armadas e imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El magistrado, catamarqueño de nacimiento, ingresó a la Justicia Federal en la década de los '60 como contratado en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. Durante los años '70, fue sucesivamente secretario penal, defensor oficial y juez federal en la provincia de San Luis y desde 1990 integraba la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Sin embargo, su paso por la vecina provincia quedó en la mira durante el reciente juicio que se realizó allí por delitos de lesa humanidad y que terminó en condena para dos militares y tres policías (uno de ellos, Víctor Becerra, murió hace unos días).

Precisamente, durante una de las audiencias fue denunciado de "haber visto a la joven (Graciela Fiochetti) torturada y no hacer nada". La afirmación la hizo un abogado puntano que reveló los entretelones de una charla que ambos habían mantenido en 1976.

Por otra parte y en fecha reciente, un familiar de un desaparecido pidió a una fiscal de San Luis que se lo investigue por este hecho situación que, por imperio de su renuncia, también quedará sin efecto.

El futuro de la cámara

Hoy los tres integrantes de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se encuentran apartados de todas las causas como consecuencia de dos pedidos de Jury de Enjuiciamiento que, impulsados por las organizaciones de derechos humanos, se instruyen en el Consejo de la Magistratura.

Además, a la renuncia ya aceptada de Pereyra González se le suma la propia excusación que por "violencia moral" impulsó Alfredo López Cuitiño, por lo que hoy esta sala sólo tiene a un miembro para tratar estas causas, su actual presidente, Julio Petra. Esto significa que antes de resolver las apelaciones, que son muchas, el Tribunal deberá responder sobre las recusaciones y, por lo visto, esa instancia aún no está dada.

La mayoría de las 116 causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo del juez Walter Bento, han cumplido con los trámites de la instrucción.

Es decir que los imputados han sido indagados y procesados. Sin embargo sólo uno, Luciano Benjamín Menéndez, se encuentra en prisión (aunque por condenas de otras jurisdicciones), mientras que otros como Juan Agustín Olazábal y Alcides París Francisca, tienen prisión domiciliaria. El resto, entre los que se encuentran Orlando Oscar Dopazo, Tamer Yapur, Eduardo Smaha y Armando Fernández, ya han sido excarcelados.

Nueve expedientes ya fueron elevados a juicio a los tribunales orales, mientras que más de medio centenar se encuentra en apelación, litigio planteado tanto por las defensas, la fiscalía como por los abogados querellantes.

Hay once con procesamientos confirmados por la Cámara de Apelaciones y otros 20 impulsados en primera instancia.

En fecha reciente, el ministerio público fiscal pidió a la Justicia Federal de Mendoza la "acumulación de las causas de lesa humanidad que se tramitan en esta jurisdicción", argumentando que la medida solicitada "permitirá la agilización de la investigaciones y optimizar el manejo de las pruebas".

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