No aceptarán para municipios lo que Provincia no cumpla

Es clara la línea opositora que se ensaya para el año. El gobierno neuquino pretende encasillar en la disciplina financiera a los municipios. Pero los diputados contestan con una evidencia: no exigir lo que el mismo Estado provincial no cumple.
Los diputados de la oposición al oficialismo provincial del MPN no harán fácil el proceso para la aprobación legislativa de iniciativas en este año, ya plenamente electoral; y la actividad no esperará a marzo para comenzar a evidenciar esta tendencia.

De hecho, este jueves el diputado (PJ-Concertación) Ariel Kogan, uno de los que permanece trabajando sin vacaciones formales, se permitió anticipar que impulsará un proyecto presentado en gestiones anteriores (pertenece a los diputados mandato cumplido Raúl Radonich, Carlos Moraña y Beatriz Kreitman) para que “todos los funcionarios electos o de carrera que tengan responsabilidades de decisión política y de manejo o disposición de fondos públicos” estén obligados a presentar anualmente “sus declaraciones juradas patrimoniales, hasta un año después que cesen en sus funciones”.

La iniciativa de Kogan tiene como contexto la polémica opción a la ley 53 de municipalidades que envió el Ejecutivo provincial, que –según entiende la oposición en general- se mete de lleno con las autonomías municipales, impone condiciones más allá de lo que la Constitución acepta, y deja entrever que una nueva coparticipación impositiva aparece como una promesa lejana.

En lo que hace a la responsabilidad de los funcionarios comunales hacia la administración de los dineros públicos, Kogan enfatizó que “es razonable que los funcionarios municipales tengan un régimen de presentación y publicación de sus patrimonios personales, pero el mismo tipo de obligación debería alcanzar a los funcionarios de los tres poderes del Estado, cuya responsabilidad es todavía mayor”.

La presentación del legislador refuerza la línea que la oposición maneja: aceptar condiciones para los municipios siempre y cuando no hagan otra cosa que reflejar obligaciones respetadas por el gobierno provincial.

El ejemplo más claro se da en el tope que pretende fijarse por ley para los municipios como gasto salarial (30 por ciento del presupuesto). Es un tope que el Estado provincial no ha querido –o no ha podido- respetar para sus propias cuentas, dicen los diputados opositores.

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