Aceleran la ofensiva para destituir a Maduro

Aceleran la ofensiva para destituir a Maduro

La oposición decidió recurrir a una enmienda constitucional y a un revocatorio

Por Daniel Lozano

CARACAS.- La oposición venezolana, atrapada entre la espada bolivariana de Nicolás Maduro y la pared del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revolucionario, inició una contraofensiva política con la que pretende encontrar una hoja de ruta que la lleve al poder luego de la última embestida chavista.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se declaró en sesión permanente para elegir el mecanismo más adecuado e inició una campaña nacional para exigir la renuncia del presidente, medida con la que también están de acuerdo chavistas radicales y un grupo de militares que acompañaron a Hugo Chávez en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

"La sentencia del TSJ [que elimina o limita el control parlamentario a los poderes públicos] es equivalente a un golpe de Estado. Si el gobierno se sigue oponiendo, no nos temblará el pulso para convocar una constituyente", anunció Jesús Torrealba, secretario de la MUD.

La Asamblea Nacional Constituyente sería la última opción, ya que la mayoría de los partidos apuesta por la enmienda constitucional que recortaría el período presidencial a cuatro años con una sola reelección. En cambio, Primero Justicia y el gobernador Henrique Capriles creen en el referéndum revocatorio, convencidos de que el propio Supremo evitaría la retroactividad de la enmienda. Los dos mecanismos seguirían recorridos casi paralelos. Al cierre de esta edición la MUD seguía debatiendo los detalles de su propuesta a la nación.

La voraz crisis social y económica que sufre Venezuela ha provocado que los opositores no sean los únicos que claman contra Maduro. Un grupo de militares que acompañó a Hugo Chávez durante el fallido golpe de Estado del 4 de febrero 1992 sorprendió al país al publicar un comunicado en el que reclama la renuncia del presidente "si definitivamente no puede cumplir los deberes que le corresponden. Es imperativo y urgente".

La ofensiva nacional también corre en paralelo desde ayer a la internacional, al reclamar la Asamblea a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que aplique la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno venezolano "ante la alteración del orden constitucional". "Cada vez que la Asamblea se propone tomar una decisión importante para la vida nacional, el Supremo saca una sentencia", se lamentó Henry Ramos Allup, presidente de la Cámara.

En su quinta sentencia desde las parlamentarias de diciembre, el Supremo decidió que el Parlamento sólo podrá ejercer su tarea de control (y de forma parcial) respecto del Ejecutivo, "y no sobre el resto de los poderes públicos", incluidos los militares y, por supuesto, el propio Alto Tribunal. El fallo se emitió horas antes de que la Comisión de Investigación Parlamentaria recomendara revocar la designación de magistrados realizada por la anterior Asamblea en plena Navidad y saltándose procesos y normativas constitucionales para imponer a militantes y simpatizantes del proceso bolivariano.

El dirigente opositor destacó que la sentencia "viola el artículo 40 de su propia ley, que exige la firma de las dos terceras partes de los magistrados de la Sala Constitucional. Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante". Los tres jueces que no votaron fueron precisamente los nombrados de forma exprés por Diosdado Cabello con alevosía navideña.

Almagro, criticado hasta la saciedad por el chavismo, puede convocar al Consejo Permanente de la OEA, invocando el artículo 20 de la Convención, para valorar los ataques al "orden democrático" de un país miembro. Si esta iniciativa no llega a ningún sitio, la Asamblea General está facultada para iniciar nuevas gestiones en busca de la "normalización de la institucionalidad".

Ésta no es la única iniciativa tras el último "golpe judicial" del Supremo: el Senado brasileño debatirá si solicita a la presidenta Dilma Rousseff que ponga en marcha este mecanismo democrático, según informó ayer el diputado opositor Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior.

Desde la hecatombe electoral revolucionaria, el Supremo ha blindado a Maduro decretando la suspensión de tres diputados opositores de Amazonas (para que la Asamblea no cuente con la fundamental mayoría calificada de los dos tercios), amenazando con decretar nulas sus actuaciones y ordenando la puesta en marcha del decreto de emergencia económica elaborado por el Ejecutivo, pese a la votación contraria del hemiciclo.

Las embestidas contra la Asamblea no son sólo judiciales o mediáticas. En torno del Palacio Legislativo recrudeció el hostigamiento y la violencia contra diputados opositores y periodistas. El grupo de radicales revolucionarios que permanece en las cercanías agredió ayer al parlamentario Carlos Paparoni, que resultó herido en la cabeza al ser alcanzado por una botella.

Las posibles vías para una salida anticipada

Referéndum revocatorio

Es la opción más plausible, ya que depende del voto popular. La Constitución venezolana permite la revocatoria del presidente transcurrida la mitad de su mandato; en el caso de Maduro, se cumplió el 10 de enero pasado. Para ello, la oposición debe reunir por lo menos 3,9 millones de firmas (20% del padrón). Una vez presentadas, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para revisarlas; puede rechazarlas y solicitar nuevas firmas, como pasó con el proceso revocatorio de Chávez en 2004

Enmienda constitucional

El mes pasado, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, recibió un proyecto de enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años y prohibir la reelección inmediata. Según la Constitución, la enmienda puede ser solicitada por un 15% de los inscriptos en el padrón o el 30% de los integrantes de la AN (51 diputados). Para su aprobación, debe ser sometida a varias discusiones, por lo que podría tardar hasta dos meses

Asamblea Constituyente

La Constitución les confiere a los venezolanos la facultad de convocar a una Asamblea Constituyente con objeto de transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar otra Carta Magna; puede ser activada por las dos terceras partes de la AN o el 15% de los inscriptos en el registro electoral

Renuncia

Es, quizá, la opción menos viable, ya que requiere la manifestación voluntaria de Maduro, que remarcó que no renunciará "ni un solo milímetro". Pese a ello, el partido del opositor Leopoldo López, Voluntad Popular, asegura que es la vía más expedita para sacar a Maduro y aboga por la presión popular para impulsar la renuncia

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