Se acelera la máquina de espiar en Colombia

La agencia de seguridad estatal sigue grabando conversaciones de políticos de la oposición, defensores de derechos humanos y jueces. Justo cuando se da el debate sobre la reelección de Uribe. Así lo informa la revista Semana, la que destapó el escándalo en febrero.
Con otro escándalo de corrupción comenzó la semana en Colombia. El aparato de seguridad estatal sigue realizando escuchas ilegales, aun después de revelarse, a principio de año, que monitorean y graban a políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, magistrados y hasta a los mismos funcionarios que investigan la institución desde la denuncia pública. Así lo reveló el domingo la revista Semana. Para su director, Alejandro Santos, lo más grave es que "todo el trabajo se ha intensificado desde hace quince días, cuando se está conciliando el texto del referéndum".

Hoy el Congreso continúa una agitada votación que define si, en las urnas, los colombianos apoyan la reforma de la Constitución para que el presidente Alvaro Uribe pueda ser reelegido en su cargo por segunda vez. Esa es una de las razones por las que se intensificaron las escuchas en los últimos quince días, según le contó una fuente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) al semanario. "Hay que saber en qué están y qué están pensando los políticos", aseguró uno de los encargados de las grabaciones ilegales. Uribe, aislado por ser portador del virus A H1N1, no dijo nada al respecto, como tampoco ninguno de sus ministros. El mismo es el encargado de impartir las órdenes en el DAS, pues este aparato de espías depende directamente de la Presidencia. Por eso, la oposición lo señala de ser el responsable de las interceptaciones ilegales. El director del Partido Liberal, César Gaviria, afirmó que el DAS se convirtió en una "máquina de delincuencia al servicio de la Casa de Nariño" y consideró al jefe de Estado un "dictador".

Cuando en febrero el mismo semanario destapó el escándalo que provocó la salida de su directora y la investigación judicial a otros tres ex directores, se dijo que la información recopilada en los ilegales seguimientos era vendida a grupos insurgentes y paramilitares. Y aunque todavía nadie confirma que la entregan directamente al gobierno, es de sospechar que la mayoría se queda en manos del Estado, pues ése es el seno del DAS. Hoy "a pesar de estar en el ojo del huracán, las cosas no sólo no cambiaron, sino que, incluso, han empeorado", señala Semana en su revelador informe. Allí se detalla que hasta las conversaciones familiares de fiscales y periodistas son grabadas, junto a otras que revisten mayor gravedad, como la del magistrado auxiliar Iván Velásquez con James Faulkner, un importante funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre extradición e intercambio de documentos.

"Después del escándalo de febrero las cosas pararon completamente por unos días, mientras pasaba la tormenta. Cuando se vio el rumbo que tomaron las cosas, y que la Fiscalía y la Procuraduría solamente se dedicaron a las ‘chuzadas’ antiguas, se volvió a empezar con el trabajo. Se hicieron ajustes y la diferencia es que ahora se hace mejor y de manera discreta", dijo un funcionario del DAS a Semana.

Además, la publicación señala que hoy ese aparato utiliza prácticas como seguimientos con detectives, utilizando falsos taxis y vehículos disfrazados de empresas de telecomunicaciones, sin orden para ello. Y que se valen, también, de sofisticados equipos que escondieron en la escuela donde entrenan los detectives durante las pesquisas desatadas con las denuncias de comienzo de año.

El director del DAS, Felipe Muñoz, manifestó no tener conocimiento de nada de lo que denuncia la revista, y dijo que hay empresas privadas interceptando llamadas para después vender la información. Los aparatos que rastrean llamadas telefónicas y que pertenecen a su departamento –dijo– "están totalmente sellados". Muñoz recordó que 400 funcionarios del DAS fueron despedidos por el primer escándalo de las escuchas, y que los 6500 empleados que tienen hoy deben denunciar si están recibiendo órdenes para monitorear a cualquier persona de manera ilegal. Por ahora, los agentes que se decidieron a hablar lo hicieron a un medio de comunicación que anunció proteger su identidad, aunque la Fiscalía y el mismo DAS la esté exigiendo para empezar más investigaciones.

Comentá la nota