En medio del malestar por la decisión de bodegas de la vecina provincia de importar vino a granel desde Chile, que podría impactar en forma negativa en los precios en el mercado regional, que se vienen tonificando, los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, decidieron impulsar un paquete de medidas para incrementar la carga impositiva en ambas jurisdicciones para disuadir la maniobra. Hasta ahora, según fuentes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), han ingresado unos 400.000 litros de caldos del país trasandino gestionados por el grupo RPB, unos de los grandes fraccionadores, pero se habla de operaciones por hasta 10 millones de litros.

Como ninguno de los dos gobiernos puede prohibir la importación de vinos, porque está fuera de sus atribuciones, en lo que están trabajando es en aplicar medidas impositivas para grabar a las bodegas que utilicen caldos chilenos. “Con el gobernador Cornejo hemos decidido llevar adelante una serie de acciones para defender el precio del vino”, dijo ayer desde Canadá Uñac, al inicio de un viaje para impulsar la venta de vinos sanjuaninos y buscar inversores para la actividad minera.

El que está trabajando en las medidas es el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien señaló que lo que se está evaluando por el momento son dos acciones. La primera es aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos a las bodegas que utilicen caldos chilenos para fraccionar vinos en el mercado local. Hasta ahora, toda la industria vitivinícola está exenta del pago del tributo, pero le quitarían el beneficio “porque la idea es hacerla lo más gravosa posible”, explicó el funcionario. El impuesto es del 3,6% sobre las ventas, contando el adicional del Lote Hogar. La otra acción es quitarles a los establecimientos que importen caldos el beneficio de la ley de fraccionamiento de vinos en origen. Se trata de un régimen que entró en vigencia en enero de este año para apoyar a las bodegas con certificados de créditos fiscales, que les sirven para cancelar tributos locales, de acuerdo a los volúmenes que envasen (ver aparte). Ambas decisiones se instrumentarían mediante leyes.

En el caso de Mendoza, también está en discusión la aplicación de medidas impositivas para gravar a las fraccionadores que utilicen caldos chilenos. El diputado radical Ricardo Mansur, uno de los impulsores del castigo a las bodegas que traigan vinos de afuera, explicó que la intención es incrementar el gravamen, todavía no se define a cuánto, del impuesto a los Ingresos Brutos sobre el fraccionamiento de vinos, que actualmente es del 4%. La otra acción es también aumentar el tributo sobre la ventas de vinos y su distribución, que también es del 4%. El tema podría definirse hoy en la Legislatura mendocina, donde está previsto debatir la ley impositiva, según dijo el legislador.

Si bien estas son las primeras medidas en evaluación, no son las únicas que se podrían llegar a instrumentar. “Puede haber otras”, reconoció aquí Gattoni.

La decisión de que ambas provincias coordinen las medidas a aplicar radica en que si una las toma y la otra no, las fraccionadoras podrían ingresar los vinos al mercado regional por la jurisdicción que no disuada la maniobra.

La decisión de las grandes fraccionadoras de importar vinos de Chile apunta a un intento por bajar los precios en el mercado local, que impactaría sensiblemente en la próxima vendimia.

La determinación de ambos gobiernos de disuadir el ingreso de vino chileno podría tener su costo político porque la postura de la administración macrista es favorecer la importación de productos, pero son casos distintos. Mientras Cornejo es oficialista, Uñac juega entre los opositores, aunque con buena relación con la gestión nacional.