Acción de amparo contra el tarifazo

Acción de amparo contra el tarifazo
El titular de la OMIC, Martín Boragno, anunció que desde una ONG barrial se presentará un recurso ante la justicia federal • El doctor Marcos Aguilar, letrado de la entidad, opinó que el aumento es ‘claramente inconstitucional’.
El pasado jueves en horas de la tarde los dirigentes barriales mantuvieron una reunión en la OMIC con su titular, Martín Boragno, quien informó que se está trabajando en la presentación de una acción de amparo ante la justicia federal contra el tarifazo energético.

Boragno puntualizó que la Unión Fomentista Mercedina, presidida por Edmundo Tino Rodríguez, se presentará a la justicia con el patrocinio del doctor Marcos Aguilar.

En el encuentro el doctor Aguilar explicó que está abocado a estudiar la cuestión jurisprudencial con el fin de reclamarle ante la Justicia Federal que otorgue una medida cautelar que ponga un freno a la exigibilidad del pago de las facturas hasta tanto se defina la cuestión de fondo. “Entiendo que el aumento retroactivo es contrario no solo a lo normado en la ley de defensa al consumidor, sino también en principios del Código Civil y –por sobre todas las cosas- en derechos constitucionales e incluso supra constitucionales como el derecho de propiedad”, explicó el letrado quien le graficó a los vecinos que lo que sucede con este aumento retroactivo es como “si fuésemos a comer a un restaurante, pedimos un plato que cuesta 10 pesos y cuando viene la cuenta lo cobra 20. Cuando pedimos explicaciones nos dicen: el aumento lo decidimos mientras usted comía”, dijo.

El joven letrado mercedino entiende que –para no complejizar la presentación- ahora reclamará solamente por el aumento energético aunque luego comenzaría a trabajar en una acción judicial similar por el aumento del gas. “Es claramente inconstitucional que se pretenda establecer un impuesto por decreto”, dijo.

Pagar o no pagar

Aguilar explicó que la medida cautelar busca frenar la exigibilidad del pago de las facturas ya emitidas y –en algunos casos- vencidas. “Lo que buscamos con la acción es que la justicia le brinde una protección judicial a los consumidores, esto es, que una vez receptada la medida cautelar la empresa no pueda cortar el suministro de energía eléctrica a quienes no abonen la factura”.

Interrogado sobre que sucede mientras se llega a esa instancia judicial, Aguilar afirmó: “no queda otra opción que abonar la factura dejando expresa constancia que la misma se realiza en disconformidad y haciendo reserva de reclamar los importes indebidamente e ilegalmente facturados”.

Marcos Aguilar confía en poder estar realizando la presentación a mediados de esta semana, a partir de allí ya será decisión de la justicia en cuya celeridad también confía el letrado.

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