Accidentes laborales: rigen más exigencias a empresas

Desde ayer rige un nuevo reglamento por el cual las empresas deberán declarar a la Administradora de Riesgos del Trabajo (ART) si tienen o no riesgos laborales en sus establecimientos y si cumplen con las normas de seguridad e higiene.
La obligación es para las nuevas pólizas y para las que se van renovando a medida que vencen los contratos. Los empleadores que no informen dentro de los 180 días de vigencia de la nueva póliza tendrán un recargo del 50% sobre el valor la cuota que estén pagando.

La medida aprobada por la Superintendencia de ART, que dirige Juan González Gaviola, comprende a más de 750.000 empresas que aseguran a 7,7 millones de trabajadores. Además introduce precisiones sobre las obligaciones y responsabilidades, tanto de los empleadores como de las propias ART, a la hora de celebrar o de renovar el contrato.

Así, según la Unión de ART, con estas medidas se avanza en la reglamentación de cómo se delimitan las responsabilidades porque "la obligación del empleador es cumplir con las normas vigentes en materia de prevención y la función de las Aseguradoras es asesorar y prestar sentencia técnica al empleador".

No obstante, la Corte Suprema considera que hay una responsabilidad de las ART, por su rol de contralor, si se produce un accidente por causa de incumplimientos de las normas laborales.

Ya las ART comenzaron a enviar a las empresas aseguradas los formularios que tienen el carácter de declaración jurada. Uno es el denominado "Relevamiento General de Riesgos Laborales" que contiene unas 160 preguntas donde además de constatar la situación del establecimiento se debe consignar un Plan de Regularización de los Incumplimientos, fijando los plazos para regularizarlos. También se crea un registro de cumplimiento de normas de salud, higiene y seguridad en el trabajo en la Gerencia de Prevención y Salud Laboral. Estas medidas se ponen en marcha en momentos en que el Gobierno está por convocar a empresarios, ART y sindicatos para modificar la actual ley, en gran parte declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

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