El acceso a la tierra y la vivienda volvió a ser eje de las demandas ante el Legislativo

Las dificultades con que chocan muchos tandilenses para cumplir el sueño de adquirir un lote y construir la primera vivienda volvieron a copar el recinto del Concejo Deliberante ayer, en una sesión de una dinámica poco habitual, donde se escucharon tres voces con diversos planteos desde la Banca XXI.

En principio, la asociación civil Ecos, que nuclea a 122 familias, pidió “su” excepción para avanzar con la subdivisión social de tierras en Cerro Leones. Sobre el final, el concejal del Frente Renovador Carlos Mansilla reflotó la problemática al presentar un proyecto de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) tendiente a incrementar la oferta de parcelas que ronden los 400 metros cuadrados.

La barra estuvo repleta con las familias que integran Ecos -asociación civil por la educación ambiental-, que llevaban carteles con mensajes como “cada loteo es un funeral” o “dejen de hacer negocios con las sierras”.

Si bien la exposición de Rafael Rodríguez, vocero de los manifestantes, versó sobre la imposibilidad de avanzar con el loteo a través del Plan Familia Propietaria, se enmarcó en el debate más amplio en torno a los pedidos de excepciones sobre predios cercanos a las sierras y los convenios urbanísticos.

Rodríguez contó que las 122 familias de Ecos no tienen casa propia, entonces hace tres años comenzaron a transitar un camino “sinuoso y con baches” para llegar al terreno que les permitiría construir sus hogares.

Explicó que formaron la asociación civil en 2012 y compraron 6,2 hectáreas en la intersección de Galicia y Luigi Poli, de Cerro Leones, con el objetivo de crear suelo urbano “tarea que el Estado nos fue delegando”. El proyecto contemplaba dividir en terrenos de 30 por 15 metros, con la herramienta del Plan Familia Propietaria, como hicieron otros grupos de la ciudad.

Agregó que la motivación fue alcanzar al sueño de la casa propia, a diferencia de las “excepciones millonarias” que logran empresarios que se dedican al “tráfico de influencias” y al “pasilleo”.

Por ese motivo, cuestionó que el proyecto fue demorado por Obras Sanitarias con el argumento de que no podían acceder al agua. Sin embargo, citaron que la obra de la red fue calculada para 8.960 habitantes, número muy superior a los habitantes actuales más los 1.500 que irían a vivir al barrio de Ecos. El segundo conflicto llegó al solicitar la factibilidad de las cloacas, también denegada.

Sostuvo que los integrantes de la asociación invirtieron dinero y tiempo en vano, porque en diciembre de 2014 lograron una reunión con el Intendente y algunos secretarios, donde les manifestaron que existía una incompatibilidad con el PDT.

Rafael Rodríguez remarcó que las excepciones a favor de grandes empresas constructoras y de cadenas hoteleras están “en el orden del día de este Concejo”, cuando el Municipio se encargó de ponerle punto final a la situación de las familias que compraron la tierra por medio de Ecos.

Por otra parte, acusaron un “manejo arbitrario” de las excepciones otorgadas al resto de las asociaciones civiles, ya que el barrio de los docentes está a sólo cinco cuadras del macizo adquirido por Ecos, y ha logrado avanzar. “Queremos nuestra excepción para garantizar los derechos de las familias, no para garantizar un negocio”, dijo en el cierre, y recibió un fuerte respaldo desde la barra.

Propuesta para modificar el PDT

Sobre el final del encuentro, tomó estado legislativo un proyecto del Frente Renovador, que presentó Carlos Mansilla. El edil mandato cumplido juró ayer para cubrir unas cortas vacaciones de su compañera Beatriz Fernández.

En primer término, con la propuesta la comuna adhiere a la Ley Provincial de Acceso al Hábitat (14.449) que fue sancionada el 29 de noviembre de 2012 y reglamentada el 17 de diciembre de 2013.

En el segundo artículo, el proyecto de ordenanza promueve crear dentro del listado de las Zonas Especiales de Interés Urbanístico (ZEIU) del PDT la “Zona Especial de Interés Urbanístico con Destino a la Vivienda Familiar” y menciona una serie de parcelas que podrán ser incluidas en este nuevo segmento. El objetivo es permitir la subdivisión en lotes de 400 metros cuadrados en manzanas ubicadas al norte de la Ruta 226 o en zonas como La Movediza, donde hoy se permiten generar terrenos mucho más amplios y más costosos.

En tercer lugar, le solicitó al Ejecutivo la elaboración y publicación de un texto ordenado del PDT, incorporando numeración correlativa de los artículos pero respetando la separación de títulos, capítulos y secciones, con el fin de facilitar la lectura y el ordenamiento de la norma.

Los argumentos

Carlos Mansilla fundamentó que la Ley Provincial de Acceso al Hábitat “vino a intentar dar respuesta, entre otros, al problema de acceso al denominado suelo urbanizable (lotes destinados a vivienda familiar) que aqueja a numerosas familias bonaerenses” y agregó que en su artículo 8 establece que la autoridad de aplicación y los municipios deberán implementar en forma progresiva estrategias para proveer suelo urbano en centros y zonas rurales; desarrollar áreas residenciales a través de la construcción de conjuntos de viviendas; generar proyectos de integración de villas, impulsar programas de construcción; refuncionalizar edificios; mejorar la infraestructura y los espacios públicos; contribuir a la regularización dominial y adecuar los predios fiscales para proveer suelo a programas como el Procrear.

Por otro lado, explicó que la ley determina que para generar lotes “los municipios deberán adecuar los planes de ordenamiento existentes determinando zonas de promoción del hábitat social mediante las cuales se creará suelo urbanizable”. u

Otras dos inquietudes de vecinos pasaron a comisión

Desde la Banca XXI, Walter Boulanger reclamó que se aplique las leyes que protegen la actividad de los artesanos y las artesanías en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticó la falta de fiscalización en la feria de Semana Santa que tuvo lugar en el Parque Independencia.

El artesano, que trabaja en el mercado del Dique, reclamó que se realicen las inspecciones que permitan competir legalmente con los manualistas que arman, realizan piezas con maquinaria o copian modelos.

En su espacio de diez minutos, el fotógrafo Gerardo Merello pidió que los funcionarios respeten la Ley de Etica Pública, que restringe la publicidad de los nombres en los actos y acciones de gobierno. Cuestionó a la Presidenta, al gobernador Daniel Scioli y al intendente Miguel Lunghi por compartir esta práctica.

También recordó que su inquietud surgió durante una Semana Santa, a poco de que Francisco fuera ungido Papa, cuando aparecieron carteles colgados en el Santísimo Sacramento a raíz de la obra de restauración del templo.

Puso como ejemplo a la ciudad de Mendoza, donde el intendente Rodolfo Suárez siguió el ejemplo del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y comenzó a difundir las acciones en placas, presentes y carteles con la leyenda “vecinos de la ciudad de Mendoza”.

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