No es la primera vez que hay un rumor de este tenor. La versión no oficial indica que el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, estaría preparando su jubilación. En los preparativos se cuentan traslados y ascenso de familiares directos del jefe de los fiscales que trabajan en el Poder Judicial. Pero desde el entorno del procurador afirman que, antes de irse, quiere dejar funcionando el “nuevo” Código Procesal Penal en toda la provincia.

Lo de “nuevo” Código Procesal Penal (CPP) a esta altura es una ironía o un mal chiste, porque fue sancionado hace más 15 años. Más irónico es que sólo funcione en dos de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia. Por los tiempos que lleva de avance el “nuevo” CPP, podría decirse que González planea quedarse mucho tiempo.

La provincia está dividida en cuatro zonas judiciales: la primera es el Gran Mendoza (incluidos Luján y Maipú); la segunda está conformada por los departamentos del Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear); la tercera por los departamentos del Este y la cuarta por los del Valle de Uco. El “nuevo” CPP está vigente en la primera y tercera circunscripción; en la segunda y cuarta, no.

Para los que desconocen, el CPP detalla los pasos de las pesquisas penales, cómo debe desarrollarse un proceso desde el inicio hasta llegar al juicio y sentencia. En Mendoza conviven dos formas de llevar adelante los procesos penales: una en el Norte y otra en Valle de Uco y Sur.

Los rumores y las teorías conspirativas no reconocen razones ni argumentos y hay quienes creen ver indicios de una partida próxima. Como una de las supuestas pruebas en los pasillos de tribunales se menciona la acordada 26.919 de octubre del año pasado, por la que se dispone el ascenso a clase 1 (la más alta del personal jerárquico administrativo del Poder Judicial) de Gerardo González, hijo del procurador y secretario administrativo del Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Sáez.

El otro indicio que ven los que apuestan por la próxima salida del González es ésta en calidad de rumor aún: dicen que Silvina González, hija del procurador, sería trasladada a oficinas del Poder Judicial del Este. Por último, cuentan que su esposa obtuvo su jubilación el año pasado. Se trata de la ex jueza tributaria Beatriz Gonella. Para algunos de los que frecuentan los pasillos tribunalicios, todos estos movimientos serían indicios de que González deja el cargo que ocupa desde 1992.

Incluso más, entre las teorías conspirativas, no faltan quienes indican que hay un acuerdo sellado entre el Gobierno y el procurador González que incluye la próxima jubilación. En el Gobierno niegan que exista tal acuerdo. 

En el Ejecutivo saben de esos rumores, incluso de ese supuesto acuerdo que niegan; más aún admiten que en estos primeros meses de Gobierno “González se ha portado bien con nosotros”; la afirmación tiene que ver con la actuación de González para lograr suspender los efectos de un fallo de la Suprema Corte que llegó para desatar la ira de Cornejo apenas iniciado su mandato.

Se trata de la sentencia respecto de las prisiones preventivas, que el Gobierno entendió que implicaba una liberación masiva de delincuentes presos. El procurador González se encargó de dejar en vía muerta esa sentencia cuando la recurrió y logró mandarla a la Corte Suprema nacional.

Cabe recordar que no es la primera vez que se habla de la jubilación de González. Sin ir más lejos, durante el Gobierno de Celso Jaque se presionó para jubilarlo y el procurador terminó fortalecido con una nueva ley de Ministerio Público, la 8.008; también Francisco Pérez hizo su intento y González lo sobrevivió.

Cornejo no ha hecho más que halagarlo y sus colaboradores juran que no hay ninguna avanzada para forzar su jubilación.

Pero en el Poder Ejecutivo también saben que González representa la ironía del “nuevo” CPP que ya es viejo y que el gobernador Alfredo Cornejo quiere modernizar, introduciendo la oralidad en los procesos penales. 

Otra aclaración: la oralidad es hacer juicios de palabra, con un fiscal acusando, un abogado que defiende y un juez que meritúa los argumentos de las partes. Como en las películas de Estados Unidos, pero no necesariamente con jurados. Una forma de juzgar seguramente más rápida.