Además, el tribunal condenó al Estado Nacional, a través de la querellante Oficina Anticorrupción, a pagar las costas del juicio.

A 13 años de los hechos ventilados, el fallo también benefició al exsecretario de inteligencia, Fernando de Santibañes; el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique y al arrepentido Mario Pontaquarto, así como a los exsenadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Constanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda.

Tras oír durante 14 meses de juicio a 300 testigos y valorar las pruebas, los jueces del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez afirmaron que los hechos denunciados “sin lugar a duda” no existieron, así como no existió tampoco la reunión en Casa de Gobierno en la que el arrepentido Pontaquarto aseguró que De la Rúa autorizó el pago.

Los fundamentos del veredicto serán dados a conocer el 31 de marzo próximo, tras lo cual las partes podrán apelarlo ante la Cámara de Casación Penal, pero una síntesis difundida por el propio TOF 3 tildó de “disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio” a las denuncias de Pontaquarto ya que “no resisten el cedazo de la sana crítica racional, ni de la prueba”.

Tras conocerse el fallo, el expresidente De la Rúa aseguró que la decisión del tribunal ”dejó a mi gobierno libre de cualquier sospecha de corrupción” ya que la denuncia fue sólo “punto de partida de un complot político” cuya autoría no identificó.

Por su parte, Pontaquarto lo consideró “vergonzoso”, reiteró en todos sus términos su denuncia y calificó de “cobarde” al también absuelto Augusto Alasino, que a la salida de la audiencia lo cruzó con un cachetazo.

El TOF3 dio por probado que “no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia” para retirar los cinco millones de pesos que también dijo haber entregado al exsenador justicialista Emilio Cantarero –exceptuado del juicio por enfermedad- tras llevarlo a su casa.

En otro tramo, el fallo sostiene que “constituye una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa hasta esta instancia, adonde se trajeron a quienes fueran presidente y senadores de la Nación, un ministro y un secretario de Estado, sobre la base de una versión de los hechos inverosímil, contradictoria y mendaz”.

Por ello, en su aspecto resolutivo, el TOF3 resolvió denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Daniel Rafecas, instructor del proceso, cuya “parcialidad” –según el TOF3- quedó demostrada así como “la anuencia” de los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler, este último integrante ahora de la Cámara federal porteña, “quienes estaban encargados de controlar la legalidad del proceso”.

En otro tramo, el TOF3 consideró un “modo oscuro” que la denuncia de Pontaquarto llegara a Tribunales en diciembre de 2003, luego de entrevistarse con el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, en la Casa de Gobierno a través de una gestión del exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y al entonces legislador radical Daniel Bravo.

Los jueces Pons, Gordo y Ramírez denunciaron a estos dos últimos ante la Cámara Federal por el delito de “falso testimonio” y al abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofré, ante el Colegio Público de Abogados.