Absolvieron a los ex jefes policiales Carlos Zalazar y Moisés Soto

El Fiscal de Cámara, Ignacio Di Maggio, consideró que no hubo elementos de prueba contra los acusados en el juicio por la denominada "zona liberada".

Cuestionó las consecuencias generadas por los docentes que impidieron la libre circulación de camiones en la destilería YPF.

Neuquén > El fiscal de Cámara Ignacio Di Maggio se abstuvo de pronunciar acusación alguna contra los ex comisarios generales Carlos Zalazar y Moisés Soto, imputados en los delitos calificados como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco del juicio por la denominada "zona liberada". Frente a la posición adoptada por el fiscal, la titular del Juzgado Correccional II, María Gagliano sobreseyó a los imputados.

Di Maggio afirmó durante su alegato que no existe certeza de los hechos ocurridos en Cutral Co y Plaza Huincual en los últimos días de marzo del 2006 y consideró que no debió ventilarse en un juicio oral y público. Los principales jefes de la Policía provincial que condujeron la institución en el 2006, fueron sospechados de liberar una zona para que se produjera un enfrentamiento entre docentes y trabajadores de la UOCRA, conocidos como cascos amarillos.

En la zona de conflicto, numerosos docentes se apostaron en los accesos principales a la destilería YPF de Plaza Huincul, en reclamo de mejoras salariales.

Declaración del testigo

El ex comisario Leonel Seguel. Que por entonces era el responsable de la seguridad en la zona petrolera y otras jurisdicciones, afirmó en forma reiterada que recibió precisas instrucciones de no intervenir y de sacar al personal del conflicto.

Subrayó que las directivas eran telefónicas y denunció que "estaba todo preparado para que intervinieran delincuentes para agredir". Además dijo que "tenían comunicación con la Jefatura de Policía y también con gente del Gobierno". Luego sostuvo que la instrucción de no intervenir en el conflicto le pareció "exagerada" y más adelante dijo concretamente que era "ilegal".

Seguel fue consultado de manera insistente sobre el personal con el cual contaba y sobre la decisión de oficiales de menor jerarquía que sí resolvieron intervenir en los incidentes. Las respuestas del oficial que siempre giraron sobre las órdenes directas del jefe y subjefe policial de no intervenir, no fueron convincentes para el fiscal y el abogado defensor de los acusados, Ricardo Cancela.

Seguel habló también sobre un viaje imprevisto a Rincón de los Sauces y recordó que su pase a disponibilidad tuvo que ver con lo ocurrido entre el 27 y 30 de marzo del 2006. La intervención de Cancela en el juicio, se presume, incidió en la postura del fiscal.

El abogado preguntó una y otra vez sobre la función y responsabilidades del oficial en el momento de los hechos y, por un momento, intranquilizó la firme posición del testigo, quien no pudo disimular su nerviosismo. Di Maggio puso énfasis en sostener las actividades de los docentes y afirmó que cometieron un "sin numero de hechos delictivos". Dijo que los DVD que se observaron durante las audiencias de debate reflejan que el gremio "obstruyó el acceso y egreso de camiones a la destilería de Plaza Huincul, creando un grave perjuicio".

Expresó que se trató de una protesta "censurable", que se "entorpeció, estorbó e interrumpio" el trabajo normal en la zona y que además provocó "daños en las rutas". Además, manifestó que las declaraciones del testigo fueron contradictorias respecto a las órdenes impartidas, que " las denuncias fueron dirigidas al jefe y subjefe de Policía" por lo que los hechos fueron atípicos y que "no hay responsabilidad penal de los imputados. En cambio sí administrativas":

Comentá la nota