El mal absoluto

El trámite por el que se sancionó y promulgó la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual puso en evidencia algunas características inquietantes del proceso político argentino, que trascienden el caso específico y requieren otro nivel de análisis, respecto del gobierno nacional y de las principales fuerzas de la oposición.
Hace mucho que el trámite legislativo no se caracteriza por su pulcritud. Raúl Alfonsín negoció cada designación judicial y diplomática con Vicente Saadi, quien tenía la llave de los acuerdos. Para que el Congreso aprobara obediencia debida Alfonsín atribuyó al alzamiento carapintada una intención golpista, que la justicia no estableció, y que intimidó a legisladores propios y ajenos. Cuando renunció a la presidencia, la mayoría radical en el Congreso denunció el propuesto desguace del Estado, pero retiró el número suficiente de diputados como para que el aún minoritario menemismo pudiera sancionar la legislación que lo permitía. El quórum para ampliar la Corte Suprema de Justicia se logró con ordenanzas y cafeteros sentados en las bancas, en una sesión de la Cámara de Diputados en la que hubo hasta personas armadas. Esto se probó en una causa judicial. La propia Constitución de 1994 requirió una fe de erratas insertada en el Boletín Oficial al día siguiente de la publicación del texto constitucional, para corregir "errores de tipeo", pero también la ley correctiva 24.430 sobre una cuestión de contenido respecto del regimen electoral y de los partidos políticos. La negociación secreta entre Alfonsín y Carlos Menem maniató a la Convención Constituyente con la obligación de votar como un paquete cerrado el Núcleo de Coincidencias Básicas, que el Congreso se limitó a refrendar cuando declaró la necesidad de la reforma. Para que las provincias petroleras de todos los colores políticos aprobaran la privatización de YPF, el Poder Ejecutivo tuvo que transferirles 500 millones de dólares a cada una, además de los pagos denunciados a legisladores específicos. La ley de privatización del gas se aprobó dos veces, porque uno de los que la votaron era un empleado del bloque mayoritario. El gobierno de Fernando de la Rúa sobornó a senadores propios y ajenos para que sancionaran la ley de precarización laboral. ¿Qué podría decirse de las Asambleas Legislativas a repetición que entre diciembre de 2001 y enero de 2002 cambiaron presidentes como si fueran jugadores de la selección nacional de fútbol? No obstante, la mayoría de esos casos se rigió por la ley no escrita del consenso bipartidario, según el modelo italiano del loteo, en el que se distribuían prebendas en forma equitativa, de modo que nadie quedara a la intemperie y desde afuera deslegitimara todo el sistema. El toma y daca institucional de 1994 le dio a Menem la posibilidad de reelección y al radicalismo un nuevo senador por la minoría en cada provincia y un ministro en la Corte Suprema.

El consenso roto

El colapso de ese sistema se pareció al de la tangentopoli italiana. Pero mientras mani pulite mandó a la cárcel a grandes empresarios, algunos de los cuales se pegaron un tiro, aquí se beneficiaron con la devaluación, la pesificación asimétrica y las leyes con nombre y apellido que les concedió durante su interinato presidencial el senador Eduardo Duhalde. Esta lógica asociativa recién se alteró con la asunción de Néstor Kirchner en 2003. La clave de este cambio es que además del loteo bipartidario se rompió el consenso, tácito en algunos momentos, explícito en otros, que había fundamentado su funcionamiento desde 1983: el sistema político debía actuar como facilitador de los intereses económicos que a partir de 1976 terminaron de destruir la que había sido la sociedad más igualitaria e integrada de América Latina, operación iniciada en 1955. La reversión de esta lógica comenzó con la recuperación del poder presidencial y la propuesta de transformaciones no consultadas con el gran capital y se aceleró con la asunción de CFK, en parte por temperamento, en parte por necesidad. Las principales leyes de sus veintidós meses de mandato han dado lugar a batallas campales, con descalificaciones recíprocas y acento apocalíptico. Los ejemplos culminantes fueron las leyes sobre retenciones a la comercialización de cereales y oleaginosas y de comunicación audiovisual.

Flaquezas

Las flaquezas y contradicciones del discurso oficial han sido señaladas por una constelación de medios que se lanzaron a la lid como actores políticos y económicos, sin aura de santidad: el Congreso no intervino en el contrato para la transmisión de partidos de fútbol, la instalación de un sistema satelital público, el rechazo a la fusión de Multicanal y Cablevisión y la elección de la norma nipobrasileña para la digitalización.

Los medios fueron seguidos por la oposición política:

- El Congreso carece de legitimidad para votar una ley estratégica antes de que asuman los electos en junio.

- Hay otros temas más urgentes.

- Deben realizarse audiencias públicas y de carácter federal en todo el país (cosa que no ocurrió con ninguna otra ley).

- No hubo tiempo para estudiar el proyecto (que CFK había anunciado en marzo, para su debate en foros regionales, a los que los legisladores de la oposición no se interesaron por asistir).

- El diputado de la CCL Fernando Iglesias llegó a invocar el artículo 22 de la Constitución para descalificar a esos "foros sin legitimidad democrática" en los que "gente que no fue elegida por nadie" discutió el anteproyecto de ley durante seis meses. Este equiparamiento de debate social con sedición contra el orden constitucional es la réplica más contundente desde la política a los cuestionamientos de la academia sobre la democracia delegativa, en la cual la sociedad sólo participa con el voto.

- El proyecto debe enviarse a otras tres comisiones, que deben tratarlo por separado y no en plenario.

- El dictamen se firmó en los despachos.

- No están dadas las condiciones y garantías políticas para un tratamiento serio porque es un proyecto pensado contra Clarín.

- Faltó tiempo para incorporar los aportes de las audiencias públicas, no llegaron a exponer todos los oradores inscriptos, el despacho se votó sin quórum porque la oposición se había retirado; tampoco se discutió artículo por artículo.

- La sesión especial en Diputados se realizó sin que se cumpliera el plazo reglamentario de siete días para que los diputados que no pertenecen a las comisiones pudieran leerlo. Se aguardaron 90 minutos y no 30 hasta que se alcanzó el quórum.

- El trámite es nulo porque se habilitó un horario extraordinario en la mesa de entradas para ingresar el proyecto, cuyo texto no se conocía al comenzar la sesión.

- Se compraron votos.

- Se demoró la remisión al Senado para que el vicepresidente Julio Cobos estuviera al frente del Poder Ejecutivo y no pudiera enviarlo a cinco comisiones (fue a cuatro).

- El oficialismo cambió las reglas del juego al reemplazar a dos senadores de la Comisión de Industria y Comercio que estaban de licencia por problemas de salud e impuso el número para terminar las audiencias antes de que expusieran todos los propuestos.

- Kirchner presionó a Guillermo Jenefes y a otros senadores. Con prebendas, presiones, extorsiones y cohecho se lograron los votos de Anahí Sánchez y Carlos Salazar.

- Se dejaron errores groseros de redacción porque la orden era no cambiar una coma. Por la fe de erratas la ley debió haber vuelto a Diputados.

El tiempo perdido

Algunas de estas objeciones son atendibles y el procedimiento podría haberse perfeccionado. Pero su enumeración incompleta demuestra que el objetivo era perder tiempo para que se llegara al 10 de diciembre sin sanción y se repitiera lo que ocurrió con los proyectos de Alfonsín y De la Rúa. Frente a esta táctica, el bloque mayoritario y sus aliados de centroizquierda apuraron el paso e impusieron la interpretación más favorable a su propósito en cada tema. El debate público produjo casi doscientos cambios, entre los foros y el Congreso. Entre ellos, la exclusión de las compañías telefónicas y el replanteo de la autoridad de aplicación, dos muestras de flexibilidad. Entre los aportes que mejoraron la ley se destaca uno del diputado de PRO Federico Pinedo, quien detectó que el proyecto sólo permitía transferir menos del 50 por ciento de una licencia, lo cual dejaba como única salida en caso de desinversión que el licenciatario fuera expropiado. La excepción incluida en el artículo 161 solucionó la incongruencia. Pese a la robustez cuantitativa y cualitativa del apoyo a la ley promulgada, la oposición insiste en la búsqueda de su inconstitucionalidad por vía judicial (invocando cuestiones que la Corte Suprema ya zanjó en forma inequívoca, como el artículo 32 de la Constitución, aclarado en 1994 por el nuevo artículo 75, o minucias irrisorias como la fe de erratas sobre la numeración de dos artículos, no su contenido), o su derogación legislativa, para lo cual sólo le falta la mayoría necesaria.

Hiperrealismo

Semejante encono requiere explicación. El gobierno ha sido definido como el mal absoluto, con el que no es legítima ni decente cualquier transacción. Aunque las principales decisiones llevan la marca personal de la presidente CFK, la satanización política y mediática se ha concentrado en su antecesor, a quien se describe como el verdadero poder en la sombra. Esto impide percibir las nítidas diferencias entre una administración y la otra (Kirchner prorrogó las licencias y autorizó la administración conjunta de los dos cables; se opuso a la resolución 125, ideada por el ministro Lousteau, al que ni le hablaba) y permite atribuir cada cambio a un motivo espurio u oculto. La académica Liliana De Riz ha tenido la virtud de resumir en pantallazos hiperrealistas al estilo de Gerhard Riegner, los argumentos utilizados por partidos y medios de la oposición. La ley se aprobó con "sospechas de canje de votos por favores personales o para las arcas fundidas de las provincias". La premura por tratarla confirma que "para el oficialismo lo que importa son los objetivos y las formas son lo de menos: se amañan al gusto del que manda. No importa cómo, lo importante es conseguir una mayoría sumisa. Tampoco vacila el gobierno en echar mano a brutales modales para obtener lo que quiere". Esto "arroja nuevas luces sobre el modo de gobernar del matrimonio presidencial que continúa erosionando la ya escasa credibilidad de las instituciones". Para esta "concepción del poder, el Estado debe controlar la información". La "venganza contra un multimedio que hace poco el gobierno ayudó a consolidar se presenta como un acto de justicia. La defensa del pluralismo enmascara que serán los censores del gobierno quienes decidan contenidos y licencias y que la ley despeja el camino para habilitar negocios a los amigos". El Estado es "fuente de infinita corrupción". Lo que está en juego es "disciplinar los medios a la voluntad política del gobierno antes que multiplicar las voces". El derecho de las minorías "es arrasado". Como Perón, el gobierno se apoya en una ideología de Estado Mayor "para persuadirse de que su empresa de conquista de poder personal es, en verdad, un esfuerzo heroico por dar a los argentinos una sociedad mejor". El federalismo es una ficción, "la pobreza, la recesión, la inseguridad, el derrumbe de la educación y la salud continúan. Creer que el control de la información en el mundo actual consolida el poder es mirar al país como el coto de caza privado que todavía es la provincia de Santa Cruz". Esta es la tónica que impusieron las cámaras patronales agropecuarias y la Asociación Empresaria, constituida por los mayores grupos económicos y que sigue con menos denuedo hasta la Unión Industrial.

El espejo deforme

Tal vez esto ayude a entender cómo fue posible que el bloque radical siguiera en ambas cámaras la propuesta de Elisa Carrió de aliarse con los grupos económicos para oponerse a la ley. En Diputados esto se verificó en el abandono de la sesión antes de que se votara, para proveer de argumentos legales a las empresas que se sintieran afectadas y recurrieran a la justicia. La deserción reproduce una conducta histórica del radicalismo, que también se retiró de la convención reformadora de la Constitución de 1949 y se privó de discutir cuestiones de fondo, por no hablar de las renuncias de Alfonsín y De la Rúa a la presidencia. En el Senado, en cambio, el mismo propósito se buscó, sin éxito, mediante la introducción de cambios en algunos artículos. Es de sumo interés el análisis del dictamen en minoría del radicalismo y sus aliados. Se trata de una reproducción en espejo del proyecto oficial, con cambios de porcentajes en algunos artículos y modificaciones de fondo en otros, la misma técnica que en Diputados usó Miguel Bonasso. El cotejo con la versión taquigráfica (que el Comfer publicó completo en un blog que aporta a la máxima transparencia) muestra que en algunos casos el radicalismo votó en contra de su propio dictamen (por ejemplo, el artículo 153). En el artículo 132 permite a la autoridad de aplicación nombrar al presidente de Radio y Televisión Argentina, es decir, el regulador designa al regulado. En el 161 concede una amnistía de un año a los licenciatarios que estuvieran en infracción no sólo a la nueva ley sino también a la vigente hasta ahora. También reintroduce en el articulado a las telefónicas, que CFK había excluido a pedido, entre otros, de la UCR. Por un lado, como prestadores de servicios públicos les prohíbe adquirir licencias audiovisuales, por otro les obliga a colocar un techo del 35 por ciento a los abonados de cada servicio que presten, entre los que se menciona la televisión por cable (artículo 161). ¿Casualmente?, una propuesta similar fue presentada por Cablevisión y sostenida por Supercanal, Telecentro e Intercable, casi tres veces más generosa que la de la UCR: permitirían a las telefónicas conservar hasta el 75 por ciento de su mercado. Una de las estrellas de las jornadas que los cableros concluyeron el viernes fue el diputado radical Ricardo Gil Lavedra.

El inciso e) que el dictamen de la UCR intentó agregar al artículo 15 facultaría al Consejo Federal a opinar sobre la calidad educativa, cultural, informativa y de entretenimiento de los servicios audiovisuales y expedirse de oficio sobre todos los aspectos vinculados con la ley. Esto implica la justamente abominada regulación sobre contenidos, que nadie podrá encontrar en el proyecto oficial.

En el artículo sobre distribución de publicidad oficial uno de los criterios de asignación que incluyó la UCR fue el de "tiraje y lectoría" del medio, en una ley que no se refiere a medios gráficos, y propuso repartir entre los tres primeros "oferentes" 50, 30 y 20 por ciento de la pauta. Esto implicaría un concurso por cada aviso y reforzaría la concentración, excluyendo a todos los demás. En el artículo 46, ese dictamen confundió telefonía móvil (que se transmite por banda telefónica) con televisión móvil, que usa UHF. El 41 afirma que las licencias son intransferibles y el 52 explica qué porcentajes del paquete accionario pueden transferirse. También permite la cesión de porcentajes de capital de las autorizaciones, que sólo se destinan a personas de derecho público, las que, por definición, no tienen capital social. El dictamen radical elimina la reserva del porcentaje de medios sin fines de lucro que estaba contemplada en los proyectos de Silvana Giudici y Margarita Stolbizer y que formaba parte de una recomendación expresa de los relatores para la libertad de expresión de la OEA y las Naciones Unidas. Los artículos 103 y 106 del dictamen radical permiten que la autoridad de aplicación sancione con destitución a los licenciatarios privados y a los administradores de medios provinciales o universitarios. Tal vez De Riz pueda explicar que así se defienden las instituciones.

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