La semana pasada, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca le reclamó al gobierno bonaerense la inmediata intervención de de la empresa Aguas Bonaerense Sociedad Anónima (ABSA) ante una situación hídrica que ya resulta insostenible en el sudoeste de la Provincia. Y que también es extremadamente complicada en otros distritos del interior bonaerense, por la elevada concentración de arsénico, a lo que se suma los recurrentes reclamos por los cortes del servicio y la falta de presión en el Gran La Plata. 

La declaración de Concejo bahiense se hizo en base al pedido del edil Matías Italiano y el actual intendente, Héctor Gay, que  asumió las riendas de la comuna el pasado 10 de diciembre, se sumó a los reclamos: “El servicio de agua y cloacas se encuentra prácticamente colapsado en toda la región, y la falta de inversiones en los últimos años empeoró muchos más las cosas”. Gay reconoció que habló con la gobernadora María Eugenia Vidal sobre la posibilidad de intervenir la empresa y  sobre la necesidad de que haya una inyección de fondos para reactivar las obras que hoy están paralizadas y emprender aquellas se prometieron muchas veces, y nunca se concretaron. Por lo pronto, en el gobierno bonaerense, se manejan en un marco de absoluto secretismo. “De ese tema no vamos a hablar”, le dijo a Hoy un estrecho colaborador de la gobernadora.

Hace diez días desembarcó en Absa el nuevo titular de empresa. Se trata de Rafael Sardella, un hombre cercano a Mauricio Macri desde sus inicios en la política. “Llegó acompañado de unas diez personas, que lo acompañarán en la conducción”, reconocieron fuentes de la empresa consultadas por Hoy.

La realidad es que ABSA es una cáscara vacía. Se trata de una empresa que, de forma similar a los que ocurrió en el IOMA, habría sido saqueada y vaciada durante la última década, en complicidad con sectores sindicales. Tal como lo demostró el diario Hoy en sucesivas investigaciones, la sociedad que pertenece al Estado bonaerense, creada en el año 2002 para prestar el servicio de agua y cloacas, tiene tercerizado su funcionamiento en dos empresas relacionadas con Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba). Nos referimos, concretamente, a las firmas 5 de Septiembre SA y Gral Saneamiento SA.  Ambas empresas tienen contratos que se renuevan periódica y automáticamente, sin ningún tipo de llamado a licitación, desde hace 13 años.

La firma  5 de septiembre fue inscripta en la AFIP en 1999 y su titular es el secretario general del gremio Sosba y actual titular de la Federación de Gremios Estatales y Particulares (Fegeppba), Julio Castro. Esta compañía estuvo involucrada en una causa judicial en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata por un fraude cometido en Absa desde 2005 a 2007, con el pago de facturas -en concepto de "honorarios por estudios y asesoramientos varios"- que resultaron ser de un pizzero, en una maniobra en la que estuvieron implicados dos funcionarios y un empleado de esa empresa, y un contador. Y en una de las derivaciones de esta investigación renunció un miembro del directorio de Absa.

En tanto, un dato por demás llamativo es que hasta el año 2000 uno de los integrantes del directorio de Gral Saneamiento SA era nada menos que el ministro de Trabajo bonaerense hasta el pasado 10 de diciembre, Oscar Cuartango, que en aquel entonces integraba la Fundación de Estudios Sanitarista del Sosba. Posteriormente, en 2005, hizo su aparición en el directorio un personaje clave en los negocios vinculados con Absa como es el abogado Marcelo Luján Ricardo Salinas García Sanabria (más conocido como Marcelo Salinas), ex marido de la vedette María Eugenia Ritó.

Salinas, que sigue siendo uno de los directores titular de Gral Saneamiento y también maneja la constructora Mako SA, apareció mencionado numerosas veces en los medios que se dedican a informar sobre los vaivenes de la farándula. ¿El motivo? En momentos en que ya se conocía el colapso de Absa por la falta de inversiones, Ritó reveló el patrimonio millonario del abogado y en el juicio de divorcio le reclamó un barco en Punta del Este, un departamento en la misma ciudad, otro en Miami y tres en Buenos Aires; además, tres autos de alta gama. En medio de esta batalla, Salinas habría intentado llegar a un acuerdo lo antes posible para que salga el divorcio y es por eso que le ofreció 850 mil dólares, cifra que la vedette se negó a aceptar, conociendo los movimientos económicos de su exmarido.

Todo indica que es escándalo del agua tendrá nuevos capítulos…

El escándalo Mekorot

Marcelo Salinas también estuvo involucrado en el escándalo Mekorot. Durante gran parte de la gestión de Daniel Scioli se intentó avanzar con la polémica construcción de una planta potabilizadora en la localidad de Punta Lara y con un proceso de privatización del servicio.

Tal como denunció Hoy en distintas oportunidades, Salinas intentaba favorecer a una empresa estatal israelí llamada Mekorot, que buscaba construir la planta con métodos de potabilización diseñados para las zonas áridas que en nada se parecen a nuestra región. Asimismo, se trata de una firma acusada por Amnistía Internacional por graves irregularidades en el manejo del vital recurso en Medio Oriente, donde un litro de agua es tan o más importante que un litro de petróleo. Es más, existen sospechas de que el objetivo de fondo de la presencia de la empresa estatal de Israel era llevarse el agua de la Provincia.

Otro punto conflictivo alertado por profesionales de carrera de la Dirección de Hidráulica fue que Mekorot quería dejar de tomar el agua del acuífero Puelche para pasar a potabilizar solamente el agua del Río de la Plata. Esta movida, que respondía a problemas logísticos y operativos de la propia Mekorot, implicaba un serio riesgo sanitario y ambiental. “Dejar de tomar agua del Puelche, que se obtiene mediante perforaciones, va a traer elevación de la napa freática, contaminación bacteriológica, inundación de sótanos y deterioro de cimientos de casas”, denunciaron. La frutilla del postre fue que el mismo día que el gobierno provincial abrió los sobres de la licitación para la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua, Daniel Scioli se reunió en su despacho con una de las partes: el presidente de la empresa estatal israelí Mekorot, Eli Ronen, para hablar justamente del tema, realimentando las versiones de que era un negocio hecho a la medida de esa compañía israelí.