La prestataria de agua potable y cloacas ABSA anunció ayer que echará mano a un último recurso de apelación para tratar de frenar la devolución del tarifazo de 2012. Recurrirá “en queja” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el viernes el Máximo Tribunal provincial dejara firme el fallo que emitió en diciembre anulando ese decreto de aumento.

Como viene publicando EL DIA, la semana pasada la Corte bonaerense resolvió denegar la presentación de la empresa para que se le conceda un recurso extraordinario federal ante la Corte de la Nación, al considerar que el tema ya había sido tratado en el ámbito del derecho local.

El recurso que ahora presentará ABSA en la Corte de la Nación deberá ser aceptada o rechazada por ese Alto Tribunal. Mientras, al haber quedado firme el fallo en la Provincia, el juez de primera instancia que había fallado en contra del aumento, Luis Federico Arias, tendrá que disponer la forma en que la empresa efectúe esa devolución, por orden de la Corte bonaerense.

En un comunicado difundido ayer, ABSA consignó que la medida de la máxima instancia judicial de la Provincia resulta “absolutamente contraria a derecho” y que “ilegítimamente causará un irreparable perjuicio a la empresa encargada de asegurar la prestación de un servicio esencial para la comunidad”.

Es que, según calculaban el año pasado fuentes allegadas a la prestataria, la cifra a devolver a los usuarios en concepto del aumento del 180% cobrado desde mayo de 2012, rondaría los 1.800 millones de pesos, una cifra mucho mayor a la del total de su facturación anual.

La interpretación de algunas fuentes cercanas a la causa indican que la queja que la empresa de mayoría estatal presentará a la máxima instancia federal no tendría efectos suspensivos para la instrumentación de la devolución que debe resolver Arias.

UNA NUEVA INSTANCIA

El juez en lo Contencioso Administrativo del juzgado Nº1, Luis Arias, que a principios de 2012 suspendió el tarifazo ante a una medida cautelar presentada por el entonces diputado Oscar Negrelli y la defensora del Pueblo platense, María Monserrat Lapalma, estará encargado de disponer el mecanismo de devolución de los montos cobrados a los usuarios en ese sentido, que según dispuso la Corte, será a través de la facturación.

Anoche, el expediente aún no había llegado a ese juzgado, que comenzará a actuar a requerimiento de alguna de las partes actoras. Una vez que esto ocurra, se iniciará un proceso para dirimir la forma de restitución del dinero con la intervención de todas las partes involucradas en la controversia judicial. “Se escuchará a ABSA y se escuchará a los querellantes”, anticiparon a este diario fuentes de la Justicia.

En ese sentido, indicaron que cada una de las partes deberá presentar pruebas que sostengan sus argumentos. “Habrá peritos de cada una de las partes y también de oficio”, indicaron.

Así, al no tener efecto suspensivo, mientras en la Corte de la Nación se resuelva si se hace lugar o no a la queja presentada por la empresa, en el fuero Contencioso Administrativo platense se avanzará con la resolución provincial.

POSTURAS ENCONTRADAS

Al argumentar la decisión de recurrir en queja a la Corte nacional, desde ABSA advirtieron que la resolución de la Corte bonaerense es “absolutamente contraria a derecho” y que “ilegítimamente causará un irreparable perjuicio a la empresa”.

Pero, además, la empresa interpreta que en enero de este año, con el aumento efectuado de promedio del 46%, se inició un nuevo esquema tarifario al haberse realizado la suba sobre el metro cúbico, por lo que las sumas comprometidas por el tarifazo del 180% efectuado en mayo de 2012 abarcaría desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre pasado.

No es la misma postura que tiene el dirigente de la Coalición Cívica Oscar Negrelli, querellante en la causa, quien consideró que “el ajuste efectuado este año debería aplicarse sobre la base de los costos anteriores al tarifazo”.

La diferencia de interpretación implica una importante variante de las sumas que deberían devolverse. A lo que además hay que agregar la base del cálculo que utiliza la empresa, que estima que serían alrededor de 1.800 millones de pesos.

Según Negrelli, el dinero cobrado de más a los usuarios de los 91 distritos donde ABSA brinda el servicio, alcanza a 12.000 millones de pesos, incluyendo los intereses de la tasa activa del Banco Provincia. Así lo consigna en una presentación que realizó en el juzgado de Arias por la que solicitó una medida cautelar para que, mientras dure el proceso para resolver los mecanismos de devolución, se suspenda “cautelarmente” la aplicación del tarifazo y se le ordene a ABSA descontar un 25% de las facturas.

Como viene publicando este diario, la controversia recorrió todas las instancias judiciales de la Provincia, luego de ese fuerte ajuste, con el argumento de que, además de su envergadura, había sido aplicado sin mediar una audiencia pública que evalúe su necesidad y proporción, como lo establece la ley.