El gobierno porteño sufrió un revés judicial, luego de que el juez Roberto Gallardo declaró inconstitucional el veto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a la ley de la Legislatura que regula el derecho al aborto no punible, por lo que la norma quedó vigente.

Gallardo argumentó que "el uso desmesurado y excesivo de la facultad constitucional de veto, al igual que el de la emisión descontrolada de decretos de necesidad y urgencia, constituyen verdaderas formas de anulación del rol legislativo y consagran modalidades autoritarias de gobierno reñidas con el espíritu y la letra de nuestra constitución". Y señala que el veto en torno a la ley sobre abortos no punibles no respeta "la exigencia de excepcionalidad, ya que su dictado se inscribe en el marco de un notorio abuso de la herramienta por parte del jefe de Gobierno".

La ley que regula el aborto no punible en la Ciudad fue sancionada por la Legislatura a fines de septiembre de 2012. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño la vetó unos días más tarde.

La norma establece que los hospitales públicos y privados deben realizar el aborto en el caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer o sea consecuencia de una violación. Este aborto debe ser realizado sin más requisitos que la voluntad de la mujer en un plazo de cinco días.

Dicha ley está en sintonía con el fallo de la Corte Suprema, en relación al artículo 86 del Código Penal, que ordenó que se dicten normas provinciales que reglamenten el acceso a este derecho.