El PE y los abogados sugieren que la Corte precise su propósito

Esperan con cautela la audiencia de conciliación, convocada por el presidente del alto tribunal. Se especula que en la reunión del miércoles se analizará todo lo relacionado con el CAM y la imposibilidad de integrarlo. TRIBUNALES. La sede del Poder Judicial será escenario del encuentro clave.
Sor­pre­sa y ex­pec­ta­ti­va des­per­tó la au­dien­cia de con­ci­lia­ción a la que con­vo­có la Cor­te Su­pre­ma de Jus­ti­cia. Al­gu­nos su­gie­ren que del en­cuen­tro par­ti­ci­pe una re­pre­sen­ta­ción de la Le­gis­la­tu­ra.

Aún no se sa­be si, ade­más del pre­si­den­te de la Cor­te, An­to­nio Gan­dur, otro vo­cal que in­ter­vie­ne en la cau­sa (Re­né Goa­ne o An­to­nio Bri­to) lo acom­pa­ña­rá a la au­dien­cia. Tam­po­co es­tá de­fi­ni­do si Giú­di­ce asis­ti­rá so­lo o acom­pa­ña­do. Piden que la reunión sea pública

“Vamos a escuchar de qué se trata”

Recibieron la noticia con cautela. Por eso, unos y otros coincidieron en que concurrirán dispuestos a escuchar cuál es el fin de la sorpresiva propuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, de citar al Colegio de Abogados y al Gobierno a una audiencia de conciliación, que fue fijada para el miércoles, a las 10.

Como consecuencia, ambas partes insistieron en que corresponde al alto tribunal precisar qué busca o qué pretende con la convocatoria. Para que la transparencia sea mayor, los letrados pidieron que la reunión sea pública.

El fiscal de Estado, Pedro Giúdice, dejó traslucir que el llamado puede ir más allá de lo estrictamente vinculado con la causa en la que se discute la constitucionalidad de normas de las Carta Magna reformada en 2006. “Quiero entender que detrás de esto hay alguna idea aún no plasmada y que se hará pública en esa ocasión”, expresó. “No hemos recibido ni oficial ni extraoficialmente ningún anticipo de lo que se tratará”, manifestó, por su parte, el secretario de la entidad que agrupa a los letrados, Francisco García Posse (ver “Vamos a...” y “Piden que...”).

Desde el punto de vista estrictamente procesal, el llamado llega cuando la causa, al menos en la órbita provincial, está prácticamente concluida y con sentencia de la propia Corte. Esta, como pretendían los letrados, entre otras cosas, bloqueó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda integrar discrecionalmente -por decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), previsto para la selección de los jueces inferiores.

La convocatoria fue realizada cuando sólo faltaba que el alto tribunal resolviera si correspondía habilitar los recursos extraordinarios deducidos -fundamentalmente el del Gobierno, que expresa la mayor disconformidad- para que la Corte Suprema de la Nación pudiera revisar el fallo del 8 de setiembre.

Las especulaciones

La hipótesis que más se baraja es que la conciliación se centre estrictamente en lo relacionado con el CAM y tratar concomitantemente el efecto que genera actualmente la imposibilidad de integrarlo: la designación de jueces definitivos para los 18 cargos vacantes en la Justicia, algo que afecta a la propia Corte. Para ello, el Gobierno debería desistir de recurrir este punto de la sentencia para que el CAM pueda ser organizado por ley. En esta variante, la disconformidad (del Gobierno) con la sentencia quedaría restringida a la imposibilidad de que en el futuro haya reformas constitucionales por medio del sistema de enmiendas legislativas, cuestión sobre la que se podría seguir discutiendo ante la Corte de la Nación.

Hombres próximos al oficialismo conjeturan que, aun cuando fuera parcial el desistimiento, esto debilitaría lo que quedara en pie del recurso extraordinario planteado, así como la posición del Gobierno ante la Corte de la Nación. Eso sin contar que significaría volver sobre los pasos de lo que sostuvo doctrinariamente el constitucionalista al que contrataron, Gregorio Badeni, para justificar la decisión de la Convención de 2006 de otorgarle al PE la atribución de organizar el CAM por decreto.

En el caso de los abogados, las diferencias con el fallo de la Corte provincial se limitan sólo a la integración del Jurado de Enjuiciamiento, pero la mayor dificultad es de otra naturaleza.

La entidad se encuentra en medio de un proceso electoral que concluirá el jueves 20, cuando sean designados los sucesores del actual presidente, Antonio Bustamante, y de la mitad del consejo directivo. Por esta razón, algunos de los que asistan a la audiencia del miércoles, incluido el propio Bustamante, serán reemplazados por las nuevas autoridades a principios de diciembre.

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