Abogados de Offside quieren que la causa pase a otro fiscal.

Alegan que el día del supuesto delito estaba de turno Daniel Carniello. Martearena se opuso y decidirá un juez de Garantías.
Mientras en la Legislatura ya se habla de juicio político a los funcionarios de mayor rango que intervinieron en el escándalo del aporte oficial de $ 315.000 a la productora Offside, en la Justicia se libra otra batalla.

La defensa de los productores presentó un recurso de incompetencia para que la causa cambie de fiscal ya que entienden que al momento de producirse el supuesto ilícito, 20 de febrero, estaba de turno otro magistrado.

Esta presentación fue rechazada de plano por Eduardo Martearena, quien tomó las riendas de la investigación de oficio; ahora deberá resolver un juez de Garantías.

El recurso de incompetencia para que Martearena se aparte de la causa fue presentado en la mañana de ayer y lleva la firma de Daniel Sosa Arditti, abogado defensor junto a Mauricio Mattons de los 6 productores artísticos.

Pedro Infante y su hija Mariana Infante, Marcelo Cossutta (marido de la mujer), Diego Villafañe (la cara visible de Offside) y los empresarios sanjuaninos Belisario Albarracín y José Luis Battías.

En esa solicitud se pide que sea la fiscalía de turno el 20 de febrero la que entienda en la causa, con lo cual Martearena saldría de escena para que entre en juego otro fiscal especial, Daniel Carniello.

"Es una cuestión para transparentar y garantizar el debido proceso. Si se entiende que el delito se habría cometido el 20 de febrero, en definitiva cuando (Pedro) Infante retiró los cheques y fueron cobrados, a ese momento estaba de turno otra fiscalía", explicó Mattons.

Esta operación no cayó del todo bien en la fiscalía de Martearena, quien inmediatamente objetó la medida por considerarla improcedente. Por lo tanto ahora será materia de discusión en un juzgado de Garantías.

Ayer, fuentes tribunalicias no dudaron en señalar la movida de los productores como una acción "armada" en el Gobierno y se precisó el interés por la causa de un mediático abogado muy allegado a un alto funcionario del Ejecutivo.

El camino judicial

Mientras tanto Martearena se tomó un "impasse" en las citaciones y aguarda que la comisión investigadora del Senado remita las declaraciones que hasta ayer brindaron los diferentes funcionarios públicos ante los legisladores.

Con las versiones taquigráficas en mano, definirá cuáles serán los próximos funcionarios que deberán comparecer ante la Justicia. A partir de ahí resolverá qué responsabilidad le cabe a cada uno. Algunos aparecerán como simples testigos y otros podrían correr la misma suerte del secretario de Turismo, Luis Böhm, y serán imputados por fraude a la administración.

En ese sentido una de las personas que aparece más comprometida es Raúl Leiva, el jefe de asesores de Celso Jaque, que está apuntado como la persona que bajó la orden para que se efectivice el pago de los 315 mil pesos.

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