Los abogados buscan frenar el Jurado de Enjuiciamiento.

Los letrados de la Capital y del Sur se reunirán este mediodía para definir los planteos que presentarán contra la integración del Jurado de Enjuiciamiento y reclamo de una urgente integración del CAM.
Los Colegios de Abogados de la Capital y del Sur volverán a la carga esta semana con la definición de nuevas acciones legales tendientes a objetar la integración del Jurado de Enjuiciamiento (JE) dispuesta por el oficialismo, por un lado, y a exigir la urgente conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), por otro.

Este mediodía, los letrados se reunirán en la sede de la institución capitalina, en calle Congreso al 400, a los efectos de determinar los alcances de un planteo judicial mediante el cual se cuestionará la convocatoria a elecciones para que el sector defina el nombre de su único representante en el JE.

Además, se analizará la posibilidad de presentar otra acción intimando a la Legislatura para que sancione una ley que disponga la inmediata conformación del CAM, a los efectos de cubrir la treintena de cargos que se encuentran vacantes desde hace meses en el Poder Judicial.

"Estas medidas a lo único que apuntan es a la defensa del Poder Judicial como órgano independiente del Estado", explicó a EL SIGLO el titular del Colegio de Abogados de la Capital, Eudoro Aráoz.

Jurado de Enjuiciamiento

Es oportuno recordar que el JE es el órgano encargado de juzgar la conducta de los magistrados inferiores y destituirlos, cuando la situación lo amerite, el cual, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución sancionada en 2006, estará integrado por cinco integrantes de la Legislatura, uno del Poder Ejecutivo, uno de la Corte Suprema de Justicia y un representante de los abogados en ejercicio de la profesión.

La Legislatura ya designó a sus cinco representantes: Antonio Raed, José Gutiérrez, Mirta Gutiérrez, Miriam Gallardo y Alejandra Cejas (todos del oficialismo); y el Ejecutivo nombró al secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro. En tanto, la Justicia estará representada por el titular de la Corte, Antonio Gandur, mientras que los abogados tienen tiempo para elegir a su delegado hasta el próximo 3 de julio, conforme a lo dispuesto por una norma recientemente sancionada por la Legislatura.

Según consideró Aráoz, "con esa integración, el oficialismo tendrá dos tercios de los miembros del JE y podrá actuar sin ningún tipo de contrapeso a la hora de definir la suerte de los magistrados, mientras que los representantes de la Justicia y de los abogados serán meras figuras decorativas. Por eso, consideramos que la integración del órgano como quiere hacerlo el oficialismo es abiertamente inconstitucional y pensamos a ir a la Justicia para impedir que se constituya en un nuevo avance de los poderes políticos contra la independencia del Poder Judicial", subrayó.

El CAM

Con respecto al CAM, Aráoz adelantó que en la reunión de este mediodía "se evaluará posibilidad de pedir a la Justicia que ordene la inmediata ejecución de la sentencia emitida por la Corte Suprema, mediante la cual dejó firme la figura del CAM como instrumento para la selección de jueces".

Explicó que, entre otras alternativas, "se podría presentar un planteo intimando al Poder Legislativo a sancionar inmediatamente una ley reglamentaria para la conformación del CAM, con una composición equilibrada, fuera de la órbita y dependencia del Poder Ejecutivo".

Vale recordar que el Poder Ejecutivo decidió no avanzar en las negociaciones con los abogados para integrar el CAM hasta después de las elecciones del próximo 28 de junio "para no politizar este tema", según justificó el gobernador José Alperovich.

A propósito, Aráoz consideró que "esta actitud dilatoria del Gobierno constituye una flagrante violación a la Constitución, que obliga al PE a proveer la administración de justicia para resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos".

Sobre este último punto, el representante de los letrados advirtió que el hecho de no contar aún con un instrumento que permita cubrir la treintena de cargos vacantes que hay en la Justicia "generó una situación de colapso" en ese poder, "con juzgados sobrecargados de trabajo y graves demoras en los procedimientos de las causas y la ejecución de sentencias".

Aráoz reiteró que "esta situación no solamente afecta el trabajo de los abogados, sino que perjudica a la sociedad en su conjunto. No pretendemos con nuestra postura ser adversarios del Gobierno, lo único que buscamos es que se respete lo que manda la Constitución y que esté garantizada la correcta administración de justicia para todos los tucumanos", concluyó.

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