Abogado pidió un juicio político contra el Superior

La exposición está relacionada con una causa iniciada en 2006. La denuncia tendría tratamiento la semana próxima en la Cámara baja. Otros dos letrados también realizarían una acción similar contra el máximo tribunal provincial.
Un pedido de Juicio Político contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia ingresó a la Cámara baja el lunes último. La denuncia por prevaricato que tendrá estado parlamentario el miércoles último está relacionada con una causa desarrollada en 2006 en la que se le suspendió la matrícula a un abogado del foro local.

Los magistrados del máximo tribunal entendieron en aquel entonces que el abogado Carlos Mattos Castañeda dilataba un proceso judicial que se tramitaba en el STJ.

Debido al castigo, el afectado presentó un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 4, pero fue rechazado y enviado al máximo Tribunal de Justicia.

Los ministros del STJ tomaron el caso y ratificaron el castigo.

El hecho derivó en que el afectado denuncie la configuración del supuesto delito de prevaricato en el Juzgado de Instrucción 4. Fundamentó su denuncia en que los jueces tuvieron que haberse inhibido y sortear otros magistrados para que estudien la causa. Habría indicado también que los denunciados pudieron haber actuado con "discernimiento, intención y libertad".

Esa denuncia fue rechazada, por lo que Mattos Castañeda apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones, que tampoco dio lugar. Debido al rechazo el tema derivó en un recurso de casación, que también fue rechazado.

El lunes último, el Superior Tribunal de Justicia recibió un recurso de queja por casación denegada caratulada como "Mattos Castañeda Carlos, s/ denuncia" bajo el expediente 23/08.

Es esta denuncia la que derivó en una denuncia ante la Cámara baja.

OTRA AMENAZA

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia podrían enfrentar un pedido de Juicio Político debido a una acordada que suspendió por seis meses la matrícula de dos abogados de la Primera Circunscripción Judicial.

Los ministros aplicaron la medida al considerar que los abogados perjudicaron al sistema judicial al dilatar por diversos medios los juicios que llevaban a delante.

La sanción estaría fundamentada en la aplicación de un decreto establecido en 2000 por la Intervención Federal que permitía el castigo a los abogados por medio del STJ.

Esta resolución judicial fue confirmada el pasado 3 de septiembre.

Ante la situación, los afectados pidieron que se analice el caso nuevamente debido a que el máximo Tribunal de Justicia estaría impedido de suspender matrículas.

Los abogados emitieron una queja en la que indicaron que la normativa aplicada para sancionarlos habría quedado sin efecto tras la reforma de la Constitución provincial del año pasado.

Desde el punto de vista de los letrados, el único órgano de competencia para aplicar el castigo sería el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.

En el escrito enviado a los ministros del STJ, los abogados solicitaron que "declaren de oficio la inconstitucionalidad de los artículos 12, 17, 92 y 93 del Decreto Ley 26/00 en franca violación con el artículo 36 de la Constitución provincial".

Los letrados perjudicados dieron a conocer, por medio de un apoderado, que accionarán ante la Cámara de Diputados contra los funcionarios del máximo órgano de Justicia si queda rechazada la solicitud de reconsideración de la sanción.

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