Abogada chaqueña recorre el mundo promoviendo aranceles gratuitos

Una joven chaqueña fue invitada a disertar en un encuentro internacional de abogados donde anualmente se difunden estudios que promuevan la inclusión social y el desarrollo humano, especialmente de mujeres y niños. A mediados de diciembre, en Filipinas, la representante argentina planteó una reforma de leyes que permita a los profesionales del Derecho prestar servicio gratuito a quienes no puedan costear sus honorarios.
Con tan solo 26 años, María Celeste Romero Scarafía atrajo el interés de la fundación internacional Alianza Mundial para la Educación de la Justicia (Gaje, es la sigla en inglés) y representó al país con la investigación “Obstáculos al ejercicio pro bono de la abogacía en Córdoba”.

Fue del 7 al 13 de diciembre de 2008 durante la Quinta Conferencia Global de la organización, que en esta edición tuvo por lema “La educación de la justicia en el contexto de la comunidad”.

En Manila, Filipinas, no sólo expuso su trabajo sino que también colaboró como moderadora de uno de los paneles del encuentro.

El tema escogido y la fundamentación de la propuesta generaron nuevas invitaciones que la llevaron a dictar otras conferencias durante enero en Asia.

Ahora, luego de pasar por Kuala Lumpur, Malasia, entre los destinos pendientes están Tailandia, Camboya y Laos, en un recorrido que finalizará el próximo 28 de enero.

La joven completó sus estudios en Derecho en Córdoba y dio sus primeros pasos en la profesión en esa misma provincia. Ya en los últimos dos años en la universidad se dedicó al tratamiento de temas jurídicos en profundidad y algunas de esas conclusiones nutrieron el trabajo que finalmente presentó en el foro internacional.

Pro bono

Pro bono público, es una expresión de origen latino, que significa “para el bien público” y generalmente es abreviada como pro bono.

Se utiliza para designar al trabajo generalmente jurídico, pero bien puede ser de otra profesión u oficio, realizado voluntariamente y sin retribución monetaria.

También suele usarse similarmente otra frase latina ad honorem, que literalmente se traduce: “por la honra”.

Aunque ambas pueden considerarse conceptualmente sinónimas, se distingue a ésta última para tareas del ámbito privado, y pro bono para aquellos en el ámbito público.

Así, por ejemplo, un abogado pro bono puede asistir a una persona, ya sea sobre un trámite burocrático, en un caso judicial o una apelación.

En algunas situaciones, si el litigio es ganado, ocasionalmente el juez puede establecer una compensación económica para el abogado.

En el extranjero

En Estados Unidos la recomendación, bajo las reglas éticas de la colegiatura, es brindar al menos cincuenta horas de servicio pro bono por año generalmente a personas carecientes, en situación de vulnerabilidad socioeconómica o lesión de derechos.

Sin embargo, en algunos estados de ese mismo país los consejos profesionales locales aconsejan una cantidad menor.

Así como para la mayoría de los profesionales ese tipo de dedicación es una actividad vocacional o de servicio, para algunos es una oportunidad para cosechar prestigio y reconocimiento.

Asesoran en temas polémicos o delicados como la pena de muerte, el aborto o casos de discriminación; y en otros más habituales tales como denuncias por lesiones a la libertad de expresión, situación de inmigrantes, contaminación ambiental o reclamos de reparación por catástrofes naturales, entre otros.

En España son varios los estudios jurídicos que incrementaron su actividad pro bono durante los últimos años, fenómeno que no fue afectado por la crisis, sino por el contrario, potenciado.

En una reciente publicación madrileña a fines de 2008- se consigna que las horas de asesoramiento legal gratuito crecen, pero están muy lejos de las que dedican las firmas en el mundo anglosajón.

Algunos de los principales referentes coinciden en señalar que falta experiencia, una mayor profesionalización y medición más exacta del tiempo legal y del voluntariado. Quienes están a favor de impulsarlo afirman que “ante la crisis, el pro bono debe aumentar, en un acto de generosidad”.

Impedimentos

El escrito propuesto por la abogada chaqueña se centra en los obstáculos que la legislación cordobesa pone al ejercicio gratuito de la profesión y los clasifica en tres tipos. Así, las limitantes se dan en la capacitación, a nivel institucional y también pueden ser de carácter formal.

En la introducción, Romero Scarafía plantea que en los mismos planes de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba no existe materia alguna que explique su significado.

“Ninguna materia forma a los futuros abogados para utilizar el derecho como herramienta de cambio social y de solidaridad para con el prójimo”, señala el planteo al señalar uno de los obstáculos en la capacitación.

Además fundamenta que con la colegiación obligatoria de abogados formados con una única concepción se sigue fomentando el beneficio pecuniario de la profesión. Este aspecto se destaca como otro obstáculo más, en este caso de carácter institucional.

“En consecuencia, al preguntarle a cualquier estudiante de Derecho o incluso profesional, si conoce lo que es la abogacía pro bono, la respuesta es siempre negativa”, continúa la explicación del trabajo.

Para la Justicia

En la situación estudiada se señala que la normativa del colegio de abogados de Córdoba, que rige el ejercicio profesional, contiene dos contradicciones.

Por una parte establece que los profesionales tienen el deber de ejercer la defensa de las personas carentes de recursos en los casos en que la ley o disposiciones reglamentarias lo determinen.

Y por otra, entre las normas éticas, un artículo prohíbe procurar sus servicios “por medios incompatibles con la dignidad profesional como ofrecer públicamente consultas o trabajos gratuitos” y en forma correlativa al código arancelario establece el carácter alimentario de los honorarios.

Para la expositora esa situación es entendida por como un obstáculo formal al ejercicio del pro bono porque “el colegio interpreta que ejercer la defensa de una persona pobre implica ser un asesor oficial y sólo tolera que lo haga un particular”; además “estaría violando normas éticas del ejercicio de la profesión, incursionando en competencia desleal al quitarle a otro abogado un potencial cliente al que le cobraría sus honorarios.

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