Abandono de persona

La política de Estado con respecto a los jóvenes en conflicto con la ley penal sigue siendo el tema del momento. Tanto el Centro de Contención de Batán como el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la municipalidad dependen de los caprichos de los funcionarios de turno. Los empleados, sin embargo, quieren trabajar.
Poco queda ya de aquellos muchachitos que se habían asomado al mundo del delito hace veinte años, cuando integraban las filas de ladronzuelos de estéreos de coche, contra los cuales nadie se sentía capaz de hacer nada. Hoy, el salvajismo y el descontrol de los hechos policiales protagonizados por adolescentes y púberes ya parece no tener límites.

Hay un acuerdo social entre las personas bien pensantes, y es que la solución no puede depender de un plan de represión, ya que las políticas sobre los menores en situación de delito deben tener un grado de elaboración mayor: ellos son víctimas también de una honda fractura social. Lo que aún se pregunta la sociedad es cuál es ese plan.

Hace pocos días surgió la voz de uno de los trabajadores del Centro de Contención de Menores de Batán, Gustavo Lorenzo, que relataba ante los micrófonos de la 99.9 su preocupación por la situación que se vive actualmente en el que fuera hasta hace poco tiempo un Centro Socioeducativo.

Como se recordará, la institución mencionada fue clausurada por la justicia de menores de la ciudad, específicamente por los jueces Néstor Salas y Silvina Darmandrail, ya que al parecer el sitio no contaba con los requerimientos mínimos para el alojamiento. El sitio fue sujeto a reformas con el fin de crear un Centro Cerrado de Reflexión, similar al que funciona a escasos cien metros de allí, pero hasta la fecha no ha sido nuevamente habilitado para que la justicia de menores utilice las 24 plazas con las que cuenta.

Las razones sorprenden. Como la clausura provino de la justicia misma, son los mismos magistrados quienes deben ahora levantar aquella medida de fuerza para que el hoy Centro de Contención de Régimen Cerrado vuelva a funcionar. Pero sucede que ellos esperan a que llegue una Comisión de Derechos Humanos desde la ciudad de La Plata, que será quien en definitiva verifique que las condiciones antes mencionadas están dadas.

Y la comisión no llega. Y el actual ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Baldomero Álvarez de Oliveira, ex intendente de Avellaneda, no se apura. Porque mientras tanto, según testimonia Lorenzo, hace uso de las plazas para alojar a otros jóvenes en conflicto con la ley penal, pero provenientes del partido de Lomas de Zamora. La contradicción es advertida por los empleados del sector, que comprenden que el sitio es insuficiente para contener la importante cantidad de jóvenes de este partido, pero importamos otros jóvenes que cargan en su haber delitos de gravedad.

Para continuar con las contradicciones y la falta de previsión, el Centro de Contención de Régimen Cerrado es actualmente una institución de máxima seguridad, pero está funcionando con un personal que fue contratado para conducir el Centro Socioeducativo que funcionaba en ese sitio. No son penitenciarios, ni siquiera trabajadores sociales capacitados en cuestiones de seguridad. De esa manera se explica claramente cómo el menor que fue detenido por el crimen de Stéfano Bergamaschi contaba en su legajo ni más ni menos que con la escandalosa cifra de 25 fugas del Centro de Batán. Hasta hoy alcanzaba con abrir la puerta y salir.

El centro funciona actualmente en la contención de aquellos jóvenes que provienen del Gran Buenos Aires, y los mismos empleados cuentan que es imposible asistir entre cuatro personas a las demandas de adolescentes sin hábitos, sin tolerancia a las reglas y normas de convivencia. Por algo llegaron a cometer los delitos que se les achacan.

Lorenzo dice que los empleados quieren trabajar, y que tienen propuestas concretas para hacerlo, pero que la puesta en marcha de un plan requiere de un compromiso no sólo de los funcionarios judiciales, sino además del Poder Ejecutivo local, que debe dejar de fingir que se trata de un problema que atañe únicamente a la provincia.

La nueva jueza de garantías Fernanda Di Clemente recibió a los empleados del centro y escuchó su problemática. No obstante, es necesario que exista un proyecto con continuidad, ya que los sucesivos cambios en la titularidad de la Secretaría de Minoridad no aportan a esas necesidades. Los planes parecen depender de las personas y no de los propósitos de las instituciones.

Cuecen habas

Los planes de menores en el ámbito municipal no parecen desarrollarse con más lógica que los provinciales. Y para muestra basta un botón. Ha trascendido el conflicto que vivieron las funcionarias del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos del Niño el pasado 2 de septiembre, luego de que recibieran una denuncia de presunto abuso sexual sobre una niña del barrio Belgrano. Cuando se encontraban en camino, recibieron otra denuncia de una asistente social, que les solicitó que asistieran a otra emergencia: evaluar la vulneración de derechos de dos hermanitos de 4 y 6 años. El domicilio se encontraba de camino, y los funcionarios acudieron con premura.

Los pequeños mencionados se encontraban solos en el interior de la vivienda, angustiados, llorando, en evidente situación de peligro para su integridad. Se decidió rápidamente sacarlos de allí por una ventana para llevarlos al Hogar Arenaza. Pero en ese instante todo se complicó. Un llamado del agente de guardia en la Dirección indicaba que la subsecretaria de la Mujer, Alejandra Patuto, les indicaba que el móvil debía volver inmediatamente a la sede. Las empleadas procedieron a informar la gravedad de la situación a la que estaban asistiendo.

Ya en camino del Arenaza, mientras efectivamente se trataba de contener a los pequeños, la subsecretaria llamó directamente al celular de una de las agentes y ordenó a los gritos que el móvil debía volver a las oficinas. Intentaron explicarle la situación, pero les cortó la comunicación.

Cuando los agentes registraban el ingreso de los menores en el Hogar, otro celular ardía: era la subsecretaria otra vez, que, exasperada, invocaba su cargo para que su orden se cumpliera de inmediato. Las agentes explicaron que debían ahora atender una denuncia urgente y grave por presunto abuso sexual de una niña, y que estaban en riesgo de incurrir en la figura de abandono de persona si no intervenían de inmediato. La funcionaria les ordenó que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y volvieran ya mismo.

Al llegar, la subsecretaria Patuto siguió en una clara posición de abuso de poder. Gritó frente a otras personas, y no escuchó razones, ya que sólo le importaba decir que se habían desobedecido sus órdenes. Las agentes se retiraron de allí con la firme convicción de haber abandonado a su suerte a la pequeña ESM, de solamente 10 años, quizá víctima de abuso en ese mismo día.

Sucede que la funcionaria Alejandra Patuto pertenece al círculo más allegado al intendente Gustavo Pulti, y dirige a sus agentes de esta manera para garantizar los derechos de los niños que, vulnerados durante años, terminarán siendo la causal psicológica y social necesaria para la gestación de nuevos delincuentes abandonados de la mano del Estado. ¿Quién lo duda?

Por supuesto que la cuestión es contener. No alcanza con hacer como que se contiene y sacarse la foto en el diario cortando las cintas para el pomposo Plan Envión. Hay que abrir las puertas de los sitios donde el joven con muertes en su haber -que no es inimputable, como se le ha hecho creer a la gente gracias a la desidia de los jueces- permanezca el tiempo que su sentencia indique.

Y mientras tanto, es necesario habilitar los recursos necesarios para intervenir en los casos de abandono y vulnerabilidad, porque nadie duda de que los niños que lloran durante días solos en el interior de una casa, sin comida ni agua, alejados de la protección de la familia y de la sociedad, están alimentando en su interior el germen del adolescente que irá al centro de Batán. Abusados que abusarán. Golpeados que golpearán. Y sigue la rueda.

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