Para Juan Manuel Abal Medina, la resolución tomada por Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina “ratifica lo que venimos afirmando sobre que hay ciertos sectores de la Justicia que han inventado una nueva rama jurídica, la justicia cautelar”.

“Tratándose de un hecho que significó, según la Justicia Federal, una sustracción del patrimonio del Estado Nacional mediante una maniobra de asignarle un menor valor, esperamos que la Corte tome cartas en el asunto de manera urgente”, destacó.

Además, el Jefe de Gabinete afirmó que “hay una justicia que actúa a dos velocidades, una para las causas que amparan a las corporaciones y otra para las que involucran a las leyes apoyadas por el pueblo y votadas por una inmensa mayoría parlamentaria”.

Por su parte, Julio Alak informó que este lunes presentarán la apelación contra la resolución de la Cámara Civil y Comercial. Y opinó que la medida cautelar otorgada por el tribunal "es una decisión arbitraria que no toma en cuenta los muy graves motivos que el Estado valoró para revocar la venta del predio, en especial el procesamiento de los entonces funcionarios del Ministerio de Economía y los directivos de La Rural”.

“Además de la tasación del terreno a un precio vil, la Sociedad Rural ni siquiera pagó la totalidad del dinero de la venta”, agregó Alak.

El Ministro también afirmó que “la nulidad dispuesta por el Estado se sustenta porque están gravemente viciados los elementos de causa, objeto, finalidad y motivación de la venta de 1991”.

“El predio de Palermo se había tasado a un valor que no era el real, y enmascaraba una finalidad de liberalidad, por lo que no se correspondía el precio con el que se acordó para la venta”, concluyó.