Los extitulares de la AFIP durante la gestión macrista, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, declararon como testigos en el juicio de la causa Oil Combustibles, donde se encuentran acusados el extitular de ese organismo Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Evitaron dar precisiones sobre la causa y dijeron que, durante sus gestiones como administradores generales del ente recaudador no se aplicó una política de planes de pago particulares.

La semana pasada culminó la etapa de indagatorias de este proceso oral -a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°3-, y hoy comenzó la de declaraciones testimoniales. Ambos exfuncionarios fueron citados como testigos por pedido de la defensa de Ricardo Echegaray, que está acusado en esta causa de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado Nacional mediante el otorgamiento irregular de planes de pago especiales a la firma Oil Combustibles.

Tanto Abad como Cuccioli respondieron preguntas del Ministerio Público Fiscal y de las defensas de los acusados. Evitaron referirse al objeto de esta causa ya que se encuentran imputados en otro expediente porque, según denunciaron López y De Sousa, habrían formado parte de los supuestos aprietes del gobierno de Mauricio Macri para que vendieran el Grupo Indalo.

Como al declarar en calidad de testigos deben hacerlo bajo juramento de decir la verdad y a su vez se los investiga en calidad de imputados en el juzgado de María Servini, pidieron no ser interrogados por cuestiones relativas a esa otra causa. Los jueces del TOF 3 consideraron válido el pedido de los testigos y por eso avalaron que no respondieran la mayoría de las preguntas que había llevado preparadas la defensa de Echegaray.

Tanto Echegaray como De Sousa señalaron, desde sus roles de acusados, a Abad y Cuccioli como parte de una maniobra orquestada por el gobierno de Mauricio Macri para quebrar Oil Combustibles. Según De Sousa, Abad "hizo caer los planes de pago" que se le habían otorgado a la petrolera para financiar el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).

La AFIP es parte querellante en esta causa, y parte de la prueba utilizada para acusar a De Sousa, López y Echegaray es una auditoría elaborada desde ese organismo sobre la situación impositiva de la petrolera Oil. A lo largo de este proceso, en su defensa Echegaray y De Sousa apuntaron contra quienes elaboraron esa auditoría, y por eso están citados como testigos en este juicio varios funcionarios de la AFIP a cargo de las areas de Auditoría y de Asuntos Jurídicos.

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En su indagatoria Echegaray había hecho énfasis en cuatro cuestiones: que los planes de pago eran legales, que no fue él el responsable de su certificación, que la gestión de Alberto Abad "hizo caer los planes de la firma Oil para quebrar la empresa", y que, como los planes de pago eran una "política de Estado" del kirchnerismo, así se los brindaron a muchas compañías de otros rubros.

A diferencia de Echegaray, que sostuvo a lo largo de su indagatoria que los planes de pago eran una política de estado durante su cargo como administrador general, Abad dijo que su postura como administrador se mantuvo siempre contraria al otorgamiento de planes especiales.

Abad declaró que, según su criterio, estos planes afectaban el principio de publicidad. Además dijo que las áreas legales y operativas del organismo recaudador eran autónomas y que él no tomaba decisiones vinculadas al otorgamiento de planes. Cuccioli, que frente a las acusaciones de Echegaray y De Sousa negó haber "preparado testigos", hoy fue en la misma dirección que su predecesor, y dijo que desconocía las situaciones particulares en lo que respecta a los planes del artículo 32.

La causa donde están imputados Cuccioli y Abad la instruye la jueza federal María Servini y la investiga el fiscal Guillermo Marijuan. En ese expediente, iniciado por una denuncia de los dueños del Grupo Indalo, declaró Cristóbal López como testigo, y apuntó, además, contra el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri.