Veintiséis derrumbes, 32 muertos, 220 heridos y daños por un valor de 500 millones de pesos. Ese es el resultado de la falta de controles en las obras en construcción de la ciudad de Buenos Aires desde que el PRO llegó al gobierno porteño en el 2007.

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Los datos se desprenden del relevamiento que realizó la ONG Defendamos Buenos Aires, en el que se concluye que estos hechos “no son aislados sino que son la consecuencia de una política de controles insuficientes a las obras en construcción en nuestra ciudad”, aseguró a PáginaI12 Javier Miglino, abogado y director de la organización.

El reciente derrumbe de una casa en el barrio porteño de San Cristóbal, en el que murió un joven de 32 años, puso en evidencia ese descontrol en las obras en ciudad. 

“Nosotros creemos que hay un patrón con tres elementos muy importantes: el primero es que hay una política de controles ligeros a nulos, el segundo tiene que ver con ocultar lo ocurrido y el tercero es la impunidad: no hay funcionarios presos por estas tragedias”, sostuvo el referente de Defendamos Buenos Aires. Además, criticó el accionar de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo responsable de controlar las obras en el ámbito de la ciudad, cuyo director es el excomisario de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace –recientemente procesado de nuevo por su accionar en la represión en el Hospital Borda en 2013–, y señaló que hay una continuidad entre la gestión del ahora presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

“Macri creó la Agencia Gubernamental de Control apenas inició su gestión como jefe de gobierno en 2007 con la idea, supuestamente, de evitar que ocurran accidentes, derrumbes y otras tragedias en la ciudad. Por supuesto, lo anunciaron con todo tipo de marketing, pero al poco tiempo se empezó a notar que evidentemente el control no era tal y empezaron a ocurrir los primeros desastres y derrumbes”, recordó Miglino. “Ellos hacen y deshacen en la Ciudad, pero nadie controla. Por eso nosotros siempre decimos que no hay que tener una Agencia Gubernamental de Control sino una Agencia de Control Gubernamental porque es a ellos a los que tenemos que controlar”, agregó.

Algunos de los derrumbes más resonantes de los últimos años fueron el del gimnasio Orion en Villa Urquiza, en 2010, donde hubo tres muertos y 11 heridos o el boliche Beara, también en ese año, en el que murieron dos jóvenes y 25 personas resultaron heridas.

El informe de Defendamos Buenos Aires también señala que en este momento hay 4000 obras en construcción en la ciudad que no cumplen con las normas de seguridad y están en peligro. “Son 4000 bombas de tiempo. Nosotros hemos notificado de esto al gobierno de la ciudad, pero ellos no hacen nada. A esta altura, la Agencia Gubernamental de Control ya podría llamarse la Agencia Gubernamental de Descontrol”, aseguró.

Según el relevamiento, Belgrano, Nuñez, Almagro y Chacarita son los barrios más conflictivos en este momento, pero aseguran que hay “mucho descontrol” en toda la ciudad. Las principales irregularidades detectadas en el informe      –detalló Miglino– son: falta de apuntalamiento, falta de control en el uso de maquinaria pesada y la falta de idoneidad en los proyectos. “Eso es algo que se vio claramente en el último caso: si el lugar da para tres pisos, no puede ser que te lo habiliten para más. Lo que suelen decir en esos casos es que si se te rompe algo, te lo arreglan cuando termina la obra. Pero no puede ser así, tienen que prevenir. Porque, además, no todo se arregla después: acá estamos hablando de que un joven perdió la vida y hay toda una familia que perdió un ser querido y su casa. Eso no se arregla después”, manifestó.

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) denunciaron 7488 obras en construcción en la Ciudad de Buenos Aires durante 2018. Solo en la ciudad, el sindicato realizó más denuncias que en todo el resto del país (6386) en el último año. Además, las estadísticas de la Uocra señalan que en ese período sólo el 34,54 por ciento de los trabajos de excavaciones cumplió totalmente con las normas de salud y seguridad, mientras que en las demoliciones solo lo hacen el 35,70 por ciento.

En el caso de San Cristóbal, la Uocra había presentado una denuncia ante la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 4 de febrero, dos meses antes del derrumbe, en la que denunciaba a la empresa Lybster S.A. por una serie de irregularidades en la obra: faltaba ropa de trabajo, cascos y calzado de seguridad, protecciones oculares y auditivas, señalización y protección de zanjas y excavaciones. Además, señalaron la falta del uso de escaleras pese a la profundidad de la excavación que se estaba realizando.

Fuentes de la Agencia Gubernamental de Control consultadas por PáginaI12 explicaron que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco), organismo que depende de la AGC y está a cargo de Osvaldo Alonso, “se presentó el 25 de marzo a una inspección donde la empresa fue intimada a realizar tareas de apuntalamiento de medianeras y canaleteo para mejorar la submuración, es decir, las excavaciones previas”. Pero a pesar de estas irregularidades y el constante reclamo de los vecinos, la obra no fue clausurada y el 3 de abril la Dgfyco tenía programada una nueva inspección para verificar que la empresa hubiera realizado las mejoras requeridas. No llegaron: dos días antes, la obra de la calle Pavón se desplomó.

Luego de la tragedia, Alonso aseguró que la obra tenía los permisos necesarios, aunque reconoció que la empresa debía solucionar los problemas señalados. “La responsabilidad de solucionar esas falencias es del director de obra. Evidentemente hubo algo que hicieron mal, pero la responsabilidad de seguir o no la obra es del profesional matriculado”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa.

Desde la AGC señalaron que en 2018 el organismo recibió alrededor de 7000 denuncias por irregularidades en obras en construcción. “A partir de estas denuncias, los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras encontraron 2925 obras con irregularidades de las cuales se clausuraron 276”, detallaron. A esas denuncias, se les suman otras tantas por pequeños cerramientos y  refacciones, donde el número de clausuras es mayor.

“Los derrumbes no surgen de la nada. Las obras fueron autorizadas en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, tal como hoy ocurre con Horacio Rodríguez Larreta”, analizó Miglino. “¿Dónde está la Justicia actuando contra los responsables? ¿Cuántos muertos tiene que haber para que cambie algo y se empiece a controlar?”, concluyó.