Un 2012 pobre en Legislatura y órganos de control

Un 2012 pobre en Legislatura y órganos de control
También la Justicia tiene expedientes con poco avance. El año se inicia con perspectiva por lo que vendrá.
Febrero abre el año en la justicia, la Legislatura y los órganos de control externo con expectativas de un período superador en relación con sus funciones institucionales.

En los tribunales se acumulan unos 80 expedientes que involucran a exfuncionarios, con avances relativos, tanto que el año pasado no se concretó ningún juicio de casos contra la administración pública.

Vuelve la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con medio centenar de denuncias presentadas, pero ninguna formalizada en la Justicia durante la gestión de Marcelo Ponzone.

La Legislatura cayó en su producción, algo que se atribuye al reacomodamiento de la nueva mayoría justicialista, al recambio institucional y a las internas en el oficialismo. La presentación de proyectos parlamentarios estuvo por debajo del promedio de los últimos cuatro años, a pesar de que se incorporaron tres legisladores más a la cámara.

Durante el 2012 ingresaron 899 proyectos -de ley, comunicación, declaración o informes- frente a una media anterior de 1.126 expedientes, a pesar de que las iniciativas de ley se mantuvieron en los históricos 250 expedientes. El derrumbe se detecta en los pedidos de informes, que cayeron a la mitad.

A principios de febrero, la Legislatura completó la renovación del Tribunal de Cuentas con las designaciones de Juan Huentelaf y Mario Sabbatella, reemplazando a los renunciados Pedro Casariego y Carlos Malaspina. En diciembre había asumido Erika Acosta, cubriendo la vacante de Daniel Bossero.

Este organismo decidió un programa de transformación, con diferentes "cambios en el funcionamiento" y otro "camino de control externo de la hacienda pública". Su revisión institucional, por ahora, se concentró en expedientes de la gestión radical. Así, registraron 31 juicios de cuentas, 24 sentencias de juicios de responsabilidad, 13 auditorías generales, 16 especiales en programas nacionales y una cantidad similar en las empresas públicas, algunas concluidas, como la de Horizonte, que derivó en una presentación penal. También se informó del trámite de ejecución fiscal de seis sentencias administrativas por más de 19 millones, monopolizados por expedientes por créditos irregulares del ex BPRN.

El desafío del nuevo año del Tribunal radica en su posición en los expedientes del gobierno del Frente para la Victoria, como el trámite pendiente por los gastos y las contrataciones directas del viaje presidencial a Bariloche. El organismo pronostica ciertos cambios a partir de la presidencia rotativa, que recayó en Acosta luego que el año pasado correspondió a Huentelaf y, además, se originó la vacante de Sabbatella, que renunció para ser candidato a intendente de Viedma.

En febrero, la Legislatura también designó a Marcelo Ponzone en la Fiscalía de Investigaciones, en reemplazo de Pablo Berraz. Este órgano de control externo fue el más inactivo. Su presencia se limitó a varios conflictos en el organismo, incluyendo una denuncia penal pendiente en el juzgado de Guillermo Bustamante realizada por una empleada contratada en la Fiscalía.

Luego, en mayo, Nadina Díaz asumió en la Defensoría del Pueblo, acompañada por Adriana Santagati. Reemplazaba el interinato de Gustavo Casas. A mediados de diciembre, ocho meses después, elevó a la Legislatura su informe anual, que expondrá seguramente a fines de febrero en la Legislatura. En el 2013 tendrá la oportunidad de profundizar los lineamientos de su gestión. Díaz vuelve de un receso que tuvo sobresaltos, pues en sus vacaciones en Brasil, con su hermana, le robaron distintas pertenencias, incluyendo el celular.

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