En 2009 Urtubey vetó 7 leyes y la Legislatura no insistió ninguna

El gobernador Juan Manuel Urtubey vetó 7 de los proyectos de ley que fueron aprobados por ambas cámaras, algunos de los cuales habían sido sancionados por unanimidad.
Sin embargo, y a pesar de estar habilitados para hacerlo, los legisladores no insitieron con la aprobación de ninguna de las normas que ellos mismo habían sancionados.

Urtubey vetó totalmente la ley que le devolvía a los funcionarios públicos que eran abogados de profesión la posibilidad de litigar, la que autorizaba al Poder Ejecutivo a efectuar la mensura y el parcelamiento de un inmueble en San Antonio de los Cobres, y dos normas que otorgaban terrenos en comodato: uno a favor del Centro Vecinal del Barrio Juan Calchaquí y otra para la Cooperadora del Hospital Materno infantil.

Por su parte, vetó parcialmente (es decir, que eliminó o modificó algunos artículos) la ley que regulaba la realización de investigaciones biomédicas, el que declaraba de interés provincial las inversiones que se realicen en proyectos de producción de caña de bambú, y la expropiación de un terreno para la radicación de un centro vecinal y recreativo en la ciudad de Salta.

En muchos de estos casos, el veto modificaba o suprimía cuestiones sustanciales de las normas.

En la mayoría de las oportunidades, el gobernador adujo que las normas avanzaban sobre facultades del Poder Ejecutivo.

En otros, simplemente planteó que no compartía la decisión de los legisladores.

De cualquier manera, y en una clara muestra de la sumisión de la Legislatura al Ejecutivo, ninguno de los senadores o diputados siquiera planteó la necesidad de insistir en la sanción de las normas que habían aprobado.

En su artículo 133, la Constitución provincial establece que "devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, es considerado primero por la Cámara de origen, pasando luego a la revisora, y si ambas insisten en la sanción por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarla".

Pese a que las normas habían sido sancionadas por más de dos tercios de las cámaras, los legisladores no insistieron con su aprobación, lo que habría obligado al gobernador a transformarlas en ley.

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