2009 fue un año de sentencias trascendentes

La Corte Suprema dictó varios pronunciamientos que tuvieron una alta incidencia institucional y que impactaron en los otros poderes.
Durante 2009, la Justicia tucumana tuvo que pronunciarse sobre cuestiones de alta trascendencia institucional o de fuerte impacto económico. Fue así como la Corte Suprema, en primer lugar, volvió a controlar si la Convención Constituyente que modificó la Constitución provincial en 2006 se había extralimitado o había desbordado las competencias que le atribuyó la Ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna.

A principios de agosto, en tres causas, la Corte procedió a declarar inconstitucional y nula (de nulidad absoluta) la última parte del artículo 80 de la Constitución, introducido en 2006. Esta disposición establecía que la Corte iba a tener competencia originaria y exclusiva para revisar judicialmente los actos administrativos ejecutados con la conformidad y aprobación del Tribunal de Cuentas.

Las causas habían tenido como origen acciones promovidas por empresas constructoras con el fin de que fuera declarada nula una resolución del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, así como un decreto del gobernador, José Alperovich, actos que se habían ajustado a las observaciones parciales formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre aspectos del proyecto Lomas de Tafí.

Lo novedoso de los pronunciamientos es que el alto tribunal controló de oficio (sin que mediara un pedido de parte) el fruto de la labor reformadora, algo que no tiene precedentes en el Derecho Público Provincial comparado. El 8 de septiembre de 2008, la Corte había confirmado la inconstitucionalidad y nulidad de varias disposiciones de la reforma de 2006, pero entonces lo hizo en una causa que había promovido el Colegio de Abogados.

El 30 de octubre, la Corte otra vez sorprendió al ordenar la restitución de la camarista penal Alicia Freidenberg, que había sido destituida mediante un juicio político. Dejando de la lado la antigua tesis que consideraba que esta era una cuestión política no justificable, el criterio de la mayoría de la Corte fue que el tribunal de enjuiciamiento de la Legislatura había removido a la jueza por meras diferencias con la forma en que esta interpretó una ley, lo que afecta la garantía de inamovilidad de la que gozan los magistrados.

Repercusiones económicas

En materia económica, el 19 de febrero, en una causa impulsada por una compañía azucarera, la Corte declaró inconstitucional un decreto de 2002, por el cual se dejaba sin efecto la exención o alícuota cero que, respecto del Impuesto a los Ingresos Brutos, regía para las actividades primarias que se desarrollan en la provincia.

Esto generó preocupación en el Gobierno, dado que este tributo es la columna vertebral de lo que percibe la Dirección General de Rentas (representó casi el 71% de los $ 1.290 millones recaudados durante 2009). Luego, el alto tribunal emitió sentencias similares con idéntica repercusión- en causas impulsadas por otras empresas.

En diciembre, mientras se discutía el presupuesto para este año y la prórroga de la emergencia económica y financiera hasta 2011, cobró relevancia otro pronunciamiento. La Corte ratificó la inconstitucionalidad del mecanismo que, amparado en dicha emergencia, sujeta los créditos de particulares contra el Estado a una nueva o doble consolidación y, por ende, dilata los pagos de forma indefinida.

Este año, al menos en lo institucional, seguramente, habrá sentencias que también darán que hablar (ver "La Justicia tendrá...").

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