Hay 1.514 condenados por delitos sexuales en Córdoba

Hay 1.514 condenados por delitos sexuales en Córdoba

La cifra abarca sentencias desde fines de 2009 hasta hoy. El femicidio de Micaela reavivó el debate.

Son 1.514 los condenados por delitos sexuales en Córdoba. La cifra proviene del Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, a cargo del Ministerio de Justicia de la Provincia.

La base de datos se puso en funcionamiento a fines de 2009, a raíz de la ley N° 9680, que creó el Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual. El registro cuenta con los datos de cada condenado, su identificación genética y los delitos cometidos. La información no es pública; sólo puede suministrarse bajo una orden judicial.

El femicidio de Micaela García, cometido presuntamente por un violador que tenía condena pero estaba en libertad condicional, volvió a agitar el debate sobre el seguimiento que hace Estado de quienes cometen delitos sexuales y sobre la cultura machista que pervive en el Poder Judicial.

329 femicidios de menores de 21 años entre 2008 y 2016

Movimientos de mujeres en todo el país reclaman la destitución del juez Carlos Rossi, quien concedió la libertad condicional a Sebastián Wagner, acusado de matar a Micaela. Y reiteraron el reclamo de políticas públicas con presupuesto suficiente para prevenir y erradicar la violencia de género. El acoso o ataque sexual es una de las formas de violencia hacia las mujeres, junto con las violencias física, psicológica, obstétrica, económica y simbólica.

Movilización en Córdoba. Frente al Patio Olmos, el reclamo de justicia por Micaela.

Registro

Silvia Irigaray, líder y fundadora de las Madres del Dolor, denunció el sábado último que, pese a haberse sancionado una ley en 2013 que disponía la creación de un registro de violadores a nivel nacional, aún no se implementó.

Si bien en Córdoba el registro funciona desde fines de 2009, las autoridades dijeron a Día a Día que aún es pronto para evaluar los resultados.

“Se necesitarían al menos 10 años de funcionamiento para poder tener estadísticas confiables sobre reincidencia, por ejemplo”, dijo Laura Echenique, secretaria de Justicia, a cargo del registro. Su área desconoce cuántos de estos 1.514 condenados están en libertad.

Menores

La ley provincial también dispone que toda persona que esté inscripta en el registro, a pesar de que haya cumplido su condena, no podrá desempeñar tareas en servicios públicos y/o semipúblicos en los que estén involucrados menores de edad.

A su vez, dispone que cualquier persona que pretenda incorporarse a servicios públicos o semipúblicos en los que haya menores tiene que presentar un certificado expedido por el Registro en el que conste que no está inscripto en él.

Sin embargo, hasta principios de 2013 eso no se cumplía, según reveló en ese momento La Voz.

Echenique afirmó que ahora todos los docentes y transportistas escolares hacen el trámite para obtener el certificado. “Los primeros años fueron de concientización tanto al Poder Judicial, que es el que provee la información al registro, como de los empleadores en general, públicos y privados”, dijo la funcionaria.

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