Más de 1.300 viviendas fueron edificadas en terrenos usurpados

Si bien la gran mayoría están en sitios fiscales, muchas familias están en riesgo de desalojo judicial por construir en espacios privados.
Suman 1.112 las casas edificadas en los últimos tiempos en la línea de ribera. Cien personas tramitan la regularización en el Área de Saneamiento de Títulos. En muchas de estas casitas viven varias familias. El fenómeno conlleva problemas sanitarios y de hacinamiento.

Ante la mirada preocupada de los vecinos que se sienten invadidos, trabajan los fines de semana para hacer a lo sumo dos piezas. Saben que en cualquier momento pueden ser expulsados porque el terreno no les pertenece. Pero no encuentran otra salida para guarecerse. La mayoría edifica sus precarias viviendas sin baño y se aprestan a vivir sin agua y sin luz.

Como consecuencia del cóctel que conforman los altísimos precios de los terrenos y los inalcanzables costos de los alquileres, sumados a la imposibilidad de acceder a planes de viviendas, en Río Cuarto se registra una desenfrenada cascada de construcciones de casas precarias en terrenos usurpados.

La Municipalidad lleva registradas 1.112 edificaciones en terrenos fiscales situados en la línea de ribera, más otras 156 en el barrio Obrero, que fueron hechas parte en terrenos públicos y parte en privados. El fenómeno tuvo un acelerado crecimiento en los últimos tiempos, por lo que se estima que la realidad supera largamente los números oficiales.

Por ejemplo, en la primera cuadra de la calle Laguna Blanca, pasando Estado Unidos, donde hasta hace unos meses sólo había una casita en esas condiciones, ahora se construyeron otras dos y hay tres en proceso de edificación. Esas familias ahora enfrentan una orden de desalojo emanado desde la Justicia. Cuatro de esas viviendas están en terrenos fiscales y dos en sitios privados, según una nota enviada desde la Dirección de Catastro a la Defensoría de Pueblo, ante la inquietud de los vecinos, que temen perder el techo que los cobija.

Dante Deniz, coordinador de Hábitat Social del Municipio, dijo que hay 157 casas en terrenos usurpados en el barrio Cola de Pato, otras 100 en el sector de Ranqueles, 200 en la Avenida Argentina y Cochancharava, 90 en Quena, 200 en Las Delicias, 98 en Oncativo, 40 en el Chino, 45 en Malvinas, 19 en Malvinas Norte, 4 en el Arroyito, detrás del barrio Cispren; 6 en la calle Laguna Blanca, 156 en el barrio Obrero y 8 en los barrios Santa Teodora y Santa Rosa, más otras tantas que se han ido levantando en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario agregó que a diario recibe un promedio de tres familias en búsqueda de una solución a su situación habitacional, puesto que no pueden pagar más el alquiler.

Y remarcó: "El crecimiento es impresionante. Por ejemplo, en Oncativo, a la vuelta de un año se incrementaron un 45 por ciento las viviendas hechas en terrenos ajenos".

Deniz puntualizó: "Otro fenómeno que se está dando de manera muy preocupante es que los descendientes se van armando sus casitas en el terreno de la casa de los padres. Eso es algo que está ocurriendo muy marcadamente en los barrios de las familias relocalizadas, particularmente en las 400 y en las 130 viviendas".

Agregó que para paliar los principales problemas vinculados con la salubridad, el Municipio prevé construir 90 baños, a un costo de 3 mil pesos cada uno; y que ya se llevó agua potable a los sectores Malvinas Norte, Oncativo y Obrero y que ahora lo hará en el Cola de Pato.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Aón, dijo que los dueños de 100 casas construidas en terrenos privados, que se constituyeron en poseedores, están tramitando para se los pongan a su nombre ante el área de Saneamiento de Títulos. Y que hay una media docena de desalojos judiciales en danza, ante lo cual el área a su cargo está ayudando a los expulsados para que realicen las mudanzas, construyan sus nuevas casas o puedan hacer frente a un alquiler.

"Sabemos de más de 1.200 casos que son los relevados, pero es claro que la realidad es mucho mayor, porque es un proceso dinámico, que se renueva todo los días", indicó Aón, al tiempo que, en referencia a los asentamientos en terrenos fiscales, dijo:

"El Estado no puede expulsar a la gente, porque su deber es garantizar una vivienda digna".

Y agregó: "Hay siete mil familias registradas con necesidades habitacionales, de las cuales unas tres mil estarían en condiciones de ser incluidas en el Plan Hogar Clase Media, mientras que las restantes no llegan con sus ingresos a cumplir con las exigencias mínimas". "Este es un problema sentido y es prioridad de este gobierno", remarcó.

Cansados de vivir en un galpón, usurparon un terreno para hacerse una pieza y un baño

"Me estoy haciendo la casa acá porque no me quedó otra. Estoy viviendo en un galpón con mi familia, en el barrio San Eduardo. Mi señora está embarazada. Este invierno pasamos mucho frío. No tenemos ni baño, ni agua donde vivimos. Para bañarnos vamos a la casa de mi suegra", dijo José Quevedo (22), quien está edificando una pieza y un baño en un terreno que cree que es fiscal, en Leandro Alem al 1.600. Su esposa (18) está embarazada de 7 meses. Y tienen una nena de dos años.

"Andaba buscando un terreno para comprar, pero en el barrio Obrero, donde me crié, me pidieron 18 mil pesos y tenía que pagar la mitad de contado. Yo no tengo esa plata, no la puedo juntar nunca con lo que gano", agregó.

El muchacho, que durante la semana trabaja como peón de albañil y aprovecha los sábados y domingos para poner ladrillos, contó: "Empecé hace tres meses. Y ya la tengo a la altura del techo, que voy a hacerlo con chapas usadas que me vende mi patrón. Nos queremos venir a vivir antes del parto. Por eso me estoy apurando".

"Con los 460 pesos que gano en la semana, tiro como para comer y comprar alguna bolsa de cemento. Todo lo que tengo son cosas usadas, los cables, las ventanas, todo lo cambié por trabajo. Los ladrillos los conseguí con el cirujeo, menos los del baño que los cambié por trabajo. Los fines de semana salía a buscar ladrillos a donde era el basural, ahí tiran escombros de los edificios que demuelen. Y los fui trayendo y limpiándolos", comentó.

Y acotó: "El cemento y la cal los tuve que comprar. Nos cansamos de ir con mi señora al Instituto de la Vivienda para ver si nos podían ayudar con algo, pero no nos dieron nada porque el terreno es fiscal. Igual yo le di para adelante".

Quieren desalojar a ocho familias

Osmar Torres (76) llora porque lo quieren sacar por la fuerza de la casa en la que vive desde hace 45 años, donde crió a sus siete hijos, trabajando como vendedor de arena en un carro tirado a caballo. Sucede que lo que era una precaria vivienda perdida entre los yuyos, ahora quedó en un lugar apetecible para los inversores. De hecho, a pesar de que en los papeles figura como un espacio fiscal, dice que un particular lo reclama como suyo.

En la calle Laguna Blanca, en un amplio terreno que da frente al Country River Side, hay ocho familias sobre las que pesa una orden judicial de desalojo, de las cuales cinco viven allí y otras tres están en plena construcción de sus viviendas en terrenos usurpados.

Desde el viernes, cuando recibieron la segunda notificación para que se vayan del lugar, están pasando el peor momento.

Varios de los protagonistas nacieron allí. Es el caso de Ezequiel Torres (31), hijo de Osmar, que levantó dos piezas para vivir con su mujer, Soledad Ojeda (26), y sus hijos, de 6 y 2 años. "Tenemos luz, pero no agua, sacamos del pico público que está enfrente. Y tenemos un solo baño afuera, para todos. Nos bañamos en la cocina", dijo.

Y agregó: "Construí al lado, porque no podíamos estar todos amontonados en la casa de mi papá. Y ahora nos quieren sacar a todos".

Yanina Torres (17) vive con su anciano padre, su esposo, que gana 600 pesos por quincena como peón de albañil, y sus dos nenas de 1 y 2 años, esta última con parálisis facial. Y dijo: "Esto es fiscal, es la continuación de la calle, pero vino un señor de apellido Remondino y dijo que todo esto es de él y nos quieren sacar. Estamos desesperados, porque no tenemos ni para pagarle a un abogado que nos ayude".

Alejandra Barrios (37) tiene dos hijos de 14 y 15 años y comenzó a hacer su casa ahí. Pero, no alcanzó a cercar el sitio que le llegó la intimación judicial. "No tenemos cómo comprarnos un terreno o como para pagar un alquiler. Mi marido vende arena. Y ahora nos dicen que no podemos construir nada", contó.

Vanesa Oyola hizo una base de cemento donde piensa hacer su casa, casi en la esquina con Estados Unidos. Su hermana Patricia (39), que también edificó en un terreno ajeno a la orilla de las vías, sobre la calle Paul Groussac, dijo: "También nosotros tenemos derecho a tener una casa. Mi hermana no puede seguir pagando 800 pesos de alquiler, gana 150 pesos de un plan y el marido trabaja de changas".

Élida Campillay (39) hace pan casero y su esposo trabaja de changas. Hace un año compraron en 300 pesos una pieza, delante de la cual construyeron otra. Allí viven con sus tres hijos de 16, 19 y 21 años, su nuera y una nieta de un año. Ellos están aún más comprometidos, porque se acaban de enterar de que la mitad de la casa está hecha sobre un terreno privado y la otra sobre un espacio público.

La mujer comentó: "Yo hago lo que puedo y mi marido hace carpintería y albañilería.

Con lo que ganamos, apenas si comemos". Y agregó: "Con mi marido tenemos que dormir en el comedor para darles espacio a los chicos. Y, encima, ayer -viernes- tuvimos la ingrata notificación que trajo el oficial de Justicia. No sé qué vamos a hacer".

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