Sería una especie de pacto de silencia en un año electoral. Un acuerdo entre oficialismo y oposición para hacer la vista gorda.

Tal como sucedió para 2016, los intendentes le piden a María Eugenia Vidal que para aprobar el endeudamiento, quieren que la Provincia gire miles de millones a los municipios. La diferencia es que para este año que está por terminar, ese dinero debía ser destinado a mejorar la inseguridad y la obra pública de los distritos. En cambio, para 2017 piden que esa plata sea de libre disponibilidad. Se puedan utilizar para gastos corrientes. Ese mismo uso está habilitado la Provincia. Por lo que la vista gorda sería mutua. Y justa en un año electoral.

La condición de los jefes comunales es que esos recursos no estén atados a un destino fijo ni a la certificación de La Plata, como las partidas creados este año para obras y seguridad. Eso habilitaría a usar esos fondos no sólo para obras de infraestructura, sino también para cubrir gastos corrientes: desde el pago de sueldos hasta la realización de recitales. Los shows musicales son muy utilizados por los intendentes del GBA para atraer a sus vecinos.

¿La Provincia se podrá negar al pedido? Difícilmente. Vidal necesita los votos del peronismo. Y además, una parte del endeudamiento de $ 95.000 millones que solicita la gobernadora junto al presupuesto 2017 también será destinada a cubrir gastos corrientes.

Cambiemos logró un acuerdo con el massismo, el GEN de Margarita Stolbizer y distintos monobloques para aprobar el Presupuesto 2017. Pero necesita más manos para el endeudamiento. Avanza en un acuerdo con el Movimiento Evita y legisladores de Florencio Randazzo y Julián Domínguez. Como así también de los intendentes “dialoguistas”. Con estos últimos, la gobernadora puso en juego en la negociación la Defensoría del Pueblo y la vicepresidencia primera de Diputados.

Además de pedir los $ 10.000 millones (más un adicional por la inflación), los intendentes plantearon otras exigencias a Vidal: que cubra los cuatro meses de deuda que Daniel Scioli dejó del Fondo de Inclusión Social (ya se habrían pagado tres meses) y que se modifiquen los porcentajes de distribución del fondo de la soja, entre otros pedidos.