Más de 1.000 familias viven en tomas en Roca

Con más de 1.000 familias viviendo en asentamientos ilegales, el 2008 fue el año de las tomas en Roca. Según datos del municipio, de cinco asentamientos ilegales sólo uno fue regularizado a pesar de las intenciones de la comuna de paliar la crisis habitacional con loteos sociales. Desde diversos sectores se admite la diferencia que existe entre la gente que realmente necesita una casa y los llamados "oportunistas".
La ausencia de una oferta habitacional para la creciente población roquense es un hecho reconocido por las autoridades municipales y que parece reflejarse en la sociedad con el incremento de ocupaciones irregulares durante el 2008. En el barrio Paso Córdoba se hizo más patente este fenómeno, ya que en marzo un grupo de trabajadores usurpó dos terrenos conformando las tomas "Nehuén" y "Ex Emeta".

Según las cifras obtenidas mediante las entrevistas de la secretaría de Desarrollo Social se supo que en cinco tomas viven, en promedio, 50 familias, a lo cual debe sumarse el caso de Chacra Monte, en donde cerca de 840 familias tomaron ilegalmente un predio hace dos años, aunque su situación ya estaría regularizada (ver aparte). De acuerdo al censo 2001 Roca tiene 69.602 habitantes aunque se estima que en la ciudad viven más de 100.000.

Aunque el número de personas viviendo en tomas -que serían unas 4.000 si se proyecta cada núcleo familiar constituido por al menos cuatro miembros- parecería poco significativo, la preocupación se basa en sus condiciones de vida y en la situación socio-económica imperante.

Los predios se ocupan con ingeniosas casillas, construidas con materiales inflamables -en la mayoría de los casos- y riesgosos, como cartón, plásticos y madera

La "casa" es apenas una habitación que sirve de cocina, comedor y dormitorio al mismo tiempo, mientras que el baño está afuera y muchas veces es compartido. Sin servicio de luz, gas y agua potable, las condiciones de higiene y salud se ven afectadas y se suman a una descuidada alimentación por los bajos recursos económicos, señalaron los propios habitantes.

Los datos de Desarrollo Social evidenciaron que los principales trabajos que realizan las personas que viven en tomas son: actividades rurales -estables o temporarias-, prestaciones diversas por ser beneficiarios de planes, tareas domésticas y "changas".

Según el intendente roquense, Carlos Soria, en toda la provincia existe un déficit de 22.000 viviendas, a lo que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) respondió con el proyecto de construir en Río Negro más de 3.200 casas durante este año. Según se reveló, esto se realizará por intermedio de diversos planes como el Programa Federal de Vivienda Plurianual, el Plan Emergencia Habitacional y Casa Propia entre otros. Del total, Roca recibirá 730 viviendas, 946 serán para Bariloche, 426 para Viedma, 550 para Cipolletti, 300 para Villa Regina y 188 para San Antonio Oeste.

El director de Agrimensura, Tierras Fiscales y Catastro, Raúl Néboli reconoció la falta de viviendas aunque aseguró que se ha instalado una especie de "moda" no sólo en la ciudad sino también en el país, que lleva a muchos "oportunistas" a aprovechar la situación y tomar terrenos a pesar de no tener una necesidad real.

Esta afirmación fue corroborada tanto por Ana Calafat, abogada defensora de personas que han usurpado tierras, como por los habitantes de las mismas tomas, como Nelson Ayenao de Chacra Monte. "Yo he visto en los asentamientos de las 250 Viviendas y Aeroclub, por ejemplo, que del 100%, solo el 50% realmente no tiene dónde vivir, el 30% es oportunista y el 20% hace un negocio inmobiliario", relató Ayenao.

Por su parte, Calafat sostuvo que es posible que existan especuladores con el tema pero que en la mayoría de los casos se trata de personas que no tienen una casa propia y "que trabajaron toda su vida y al momento de constituir una familia no tienen donde ir".

"Hay que distinguir la verdadera necesidad de la avivada. Desde el municipio siempre estuvimos abiertos al diálogo y si vienen con la predisposición de pagar su lote y realizar un esfuerzo, no hay problemas", aclaró Néboli. La comuna fue clara en materia de usurpación: todos aquellos terrenos públicos que se ocupen tendrán una respuesta por parte del gobierno, pero cuando las tomas se instalan en tierras privadas el municipio no tiene injerencia legal.

Sin embargo, las presiones son tales que obligan al poder Ejecutivo a realizar negociaciones con dueños de tierras, como sucedió antes de fin de año con un terreno en Paso Córdoba, por el que el municipio pagó 110.000 pesos al dueño, en calidad de garante para luego efectuar un loteo social que beneficiaría a familias que habían sido desalojadas.

"No regalamos nada"

"No le vamos a regalar absolutamente nada a nadie, nuestra política no es dar bolsas de comida ni tierras. El que necesita una vivienda que se la construya como hicieron nuestros viejos", aseguró convencido el intendente, al explicar que su política habitacional tiene el objetivo de fomentar el esfuerzo y de poner al Estado como mediador y garante entre los dueños de las tierras y los futuros compradores, que en la mayoría de los casos no pueden acceder a pagar grandes montos por una parcela, pero pueden abonar cuotas mensuales.

"Nosotros ideamos el plan del loteo social, no regalamos nada, el municipio compra y vende", explicó Soria.

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