"Siempre acatamos lo que dice la justicia. A veces estamos de acuerdo y otras no. En este caso no y se apelará", dijo el funcionario en diálogo radial.

Se refirió así a la medida cautelar impuesta ayer por la jueza Elena Liberatori, quien restringió la utilización del 0800 implementado por el ministerio de Educación porteño y limitó su funcionamiento "sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal".

"Con lo que no estamos de acuerdo es con esta idea de meter la política adentro de las escuelas y hacer actos de adoctrinamiento político, ni para un lado ni para el otro", afirmó.

La Justicia restringió la utilización del 0800 implementado por el ministerio de Educación del gobierno porteño en la medida en que implique "persecución política a los jóvenes y niños, atento a las normas constitucionales que los protegen", y limitó su funcionamiento "sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal".

Así lo dispuso Elena Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 3, a través de una medida cautelar en relación a la línea telefónica.

La jueza dispuso, en el marco de la acción de amparo promovida por el abogado constitucionalista Roberto Boico, que la información y los datos aportados a través de la línea 0800 "solamente tendrán virtualidad jurídica para el caso de hechos que pudieran constituir delitos en los términos del Código Penal, en cuyo caso el Ministro de Educación deberá promover las denuncias judiciales pertinentes hasta tanto exista un protocolo de funcionamiento y utilización de la información obtenida por ese medio".

La magistrada remarcó que, "luego de ser escuchadas las partes en la audiencia celebrada el día de ayer, ninguna duda puede haber en identificar el interés público referido a los derechos de expresión y asociación de los alumnos y niños, según el art. 1 de la ley 23.849 aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño".